Así, lo ha hecho llegar al presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Javier Fernández; la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo; la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, y a cada uno de los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias,  siguiendo la línea de CERMI Estatal.

 

En dicho documento, se incide en que dado el entorno económico y social actual, caracterizado por una grave situación económica, no se puede olvidar la necesidad de seguir realizando políticas que vayan dirigidas a beneficiar al colectivo de personas con discapacidad, que  han de hacer frente a un elevado sobrecoste que no hace sino mermar su capacidad económica, motivo por el cual las Administraciones Públicas cumpliendo el mandato de la Constitución Española, en concreto de su artículo 49, han de realizar políticas activas con el fin de equiparar las condiciones de vida de unos ciudadanos con otros.

 

Y por ello, el CERMI Asturias realiza un análisis de los beneficios fiscales aplicados en otras Comunidades Autónomas en materia de tributación de las personas con discapacidad, identificando posibles áreas de mejora en el Principado, con la finalidad de favorecer la plena integración de las personas con discapacidad, paliar los obstáculos y la discriminación que una discapacidad conlleva, incentivar la efectividad del ejercicio de sus derechos fundamentales y armonizar la tributación de este colectivo con independencia de la Comunidad Autónoma de residencia.

 

La intención es que estas propuestas puedan incorporarse al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2015, o en su Ley de Acompañamiento. 

 

El CERMI Asturias es la plataforma unitaria de acción representativa y consultiva, creado en 1999 en defensa de los derechos e intereses de más de 20.000 personas con discapacidad y sus familias, con la finalidad de participar plenamente en la vida social de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.