Todas estas personas menores oficialmente reconocidas con un grado igual o superior al 33% -según los últimos datos del Imserso- quedan exentas de realizar aportaciones económicas en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud desde este 1 de enero de 2021, tal y como dispone la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio.

 

La Ley de Presupuestos de 2021 modifica del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2015 de 24 de julio, dispone que “estarán exentos de aportación a los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a una de las siguientes categorías”, señalando entre estas a las “personas menores de edad con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%”.

 

Para el movimiento social de la discapacidad, esta exención de copago en una prestación fundamental como la farmacéutica supondrá “un alivio económico para miles de familias que tienen en su seno a un menor de 18 años con discapacidad y que se enfrentan a un sobrecoste que pueden llegar al 40 % respecto de las familias en las que no hay situaciones de discapacidad”.

 

“Además, los menores con discapacidad, precisamente por su circunstancia, pueden ser consumidores más intensos de medicamentes, lo cual supone más gasto en esta prestación, por lo que exonerarlos de copago aligerará el esfuerzo familiar, mejorando el acceso a productos esenciales para el tratamiento y curación de enfermedades y patologías, relacionadas o no con su discapacidad”, indican.

 

Asimismo, afirman que el sector social de la discapacidad “siempre ha reivindicado la exención del copago farmacéutico para todas las personas con discapacidad”, demanda en la que se inserta esta medida del Gobierno, que se circunscribe a las personas menores de 18 años.

 

Ante esta nueva medida, el CERMI CV, que la califica como “una buena decisión”, agradece al Ministerio de Sanidad que la haya promovido y que sea “ya” una realidad. Además, según explica, se suma a los diferentes decretos que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha estado dictaminando en los últimos años para la aprobación de las bases reguladoras y convocatorias para la concesión de subvenciones directas a diferentes colectivos de personas, entre los que incluye a las personas con discapacidad menores y mayores de 18 años, y que están destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud.