Esta formación se enmarca dentro del Plan de Formación 2020 de la Dirección General de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas e incluido en las acciones formativas del Instituto Valenciano de Administración Pública.

 

La propuesta de este curso la realizó el CERMI CV dentro del Foro Justicia y Discapacidad de la Comunidad Valenciana, del cual es miembro; en base a la línea de formación que el Foro aprobó, para impartir programas de sensibilización y formación que aborden los derechos de las personas con discapacidad, en particular en el contexto del acceso a la justicia.

 

Dentro del curso se imparten varios módulos, que tratan asuntos como los factores o características del sistema judicial que pueden generar barreras para las personas con discapacidad; la eliminación de obstáculos de todo tipo en el acceso a la justicia para personas con discapacidad; la Convención sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad y el modelo de derechos humanos de la Discapacidad; combatir el capacitismo y superar los prejuicios contra las personas con discapacidades; la conciencia y comprensión de los derechos de las personas con discapacidad para tener igual acceso a la información; las habilidades de comunicación, incluida la identificación de la necesidad de contratar expertos para la asistencia en comunicación, y el Trato Adecuado a las Personas Con Discapacidad desde una perspectiva de género, para implementar la accesibilidad en la información.

 

El presidente del CERMI CV, Luis Vañó, ha indicado que “el acceso a la justicia hay que entenderlo como un acceso a la justicia social; ya que es el acceso a la dignidad y a la vigencia material, concreta y efectiva de los derechos. Esto es así porque el acceso a la justicia tiene una doble vertiente; además de ser un derecho autónomo, es un derecho instrumental para la efectivización de los demás derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y cuando el derecho a la justicia es denegado, el resultado es la muerte civil de la persona”.

 

Así, Vañó ha añadido que “este derecho de acceso a la justicia sufre una mayor vulneración cuando quienes pretenden ejercerlo son personas con discapacidad; y esta vulneración se acrecienta si dichas personas, además, son mujeres”.