CERMI ha contestado hoy en un comunicado a la réplica del Gobierno de Cantabria a su denuncia pública sobre la financiación insuficiente de más de mil plazas concertadas, que, según esta organización, está poniendo en riesgo su supervivencia.

 

El Gobierno de Cantabria reivindicó su "esfuerzo de diálogo" con las entidades sociales y recordó que ha ofrecido una nueva normativa de acreditación para todos los centros de atención a las personas dependientes, así como el incremento de financiación necesario para esa nueva normativa. Además aseguró que no va a sostener un sistema de atención a la dependencia a dos velocidades, "uno para personas mayores y otro para personas con discapacidad, uno con centros que se esfuerzan en acreditar su calidad y otro con centros que nunca han querido acreditarse".

 

Para el CERMI, la clave no es "el número de millones que se destina a las plazas públicas" sino si realmente esas cuantías cubren realmente el coste de las plazas. "Las entidades CERMI Cantabria también queremos incrementar personal y ser más exigentes cada vez con la calidad de los servicios, pero para ello es necesario que se dote a los centros de recursos económicos que hagan sostenible el funcionamiento", subraya.

 

Según esta organización, las plazas públicas en residencias, centros de rehabilitación psicosocial, centros de día y centros ocupacionales "estaban insuficientemente financiadas antes de los recortes de 2012, lo estuvieron mucho más después de ellos, y lo siguen estando ahora, porque no se han recuperado". "Y esto no solo lo acredita el CERMI y sus entidades, sino que las empresas que trabajan en el sector, principalmente en el ámbito de la atención a personas mayores, se han expresado públicamente en los mismos términos", apostilla.

 

CERMI reconoce el marco de diálogo desplegado por el Gobierno para la elaboración de la norma de acreditación durante el primer año de legislatura, que ahora, según afirma, quiere recuperar. Dice que en ese primer año había una dinámica participativa y transparente, que contó incluso con el apoyo técnico de una consultora externa experta en servicios sociales. Sin embargo, añade, ese dinámica fue cambiando "radicalmente" a partir de que las entidades reclamasen el modelo económico que iba a sustentar los recursos y requisitos que se ya habían acordado para los servicios.

 

CERMI reitera la necesidad de contar con una normativa de acreditación "orientada por los modelos de calidad de vida y planificación centrada en la persona". Y expresa su disposición a seguir trabajando para que esta normativa sea una realidad, como ha venido haciendo "con todos los gobiernos de las últimas legislaturas", apunta. Insiste en que se esa normativa tiene que ser consecuente con el modelo económico que la sustente, y que las entidades "no pueden seguir cofinanciando unas plazas, que son de responsabilidad del Gobierno, haciendo peligrar su sostenibilidad". También subraya que no solicita una normativa para sus entidades, sino que apuesta por una normativa que dé respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad. En ese sentido, destaca que precisamente el Gobierno le ha trasladado reiteradamente que es su modelo el que quiere implantar.

 

Según CERMI en su hoja de ruta "se mantiene intacto" su compromiso y su "total disposición al diálogo", con dos objetivo: la publicación de la orden de actualización de precios públicos con efectos desde el mes de enero de 2018, y reanudar el proceso de trabajo para la elaboración de la normativa de acreditación, para que pueda ser promulgada antes de que termine la legislatura y, si es posible, en 2018.

 

(Información publicada por Efe)