CERMIS Autonómicos

El CERMI Cantabria reclama una ley autonómica que actualice la atención a los derechos de la discapacidad

07/05/2012

El CERMI Cantabria cree necesario aprobar una ley autonómica que actualice la atención que reciben las personas con discapacidad y ajuste la normativa cántabra a las directrices internacionales.

En concreto, este colectivo, que agrupa a ocho entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad, apuesta por una adecuación de las leyes cántabras a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y a la Estrategia española sobre discapacidad 2012-2020.

Ésta es una de las demandas que va a trasladar a la Comisión no permanente de Discapacidad creada en el Parlamento regional, una iniciativa que, a juicio del presidente de este colectivo, Roberto Álvarez, atiende una "reivindicación tradicional" del sector y supone un "avance de gran relevancia".

En una entrevista en Rne, en la que ha participado Efe, Álvarez ha analizado la situación actual de las personas con discapacidad y el impacto que supone la crisis para este sector. Ha confiado no obstante en que el Gobierno regional cumpla sus compromisos con este colectivo y ha plasmado algunas de sus reivindicaciones.

Las principales demandas de CERMI Cantabria quedan recogidas en una hoja de ruta que va a trasladar a esa Comisión de Discapacidad creada en el Parlamento.

En el documento, facilitado por Álvarez durante la entrevista, se marcan las tareas más inmediatas que debería abordar la Comisión.

Lo prioritario, a juicio de CERMI, es revisar la legislación autonómica, analizar las políticas sociales actuales e impulsar nuevas, y estudiar la aplicación en Cantabria de la Estrategia Española de Discapacidad.

El colectivo propone una serie de objetivos concretos ya para 2012, empezando, en el ámbito de servicios sociales, por una actualización del mapa de recursos de la discapacidad y de la cartera de servicios, de la Ley cántabra de Derechos y Servicios Sociales, y de las políticas de atención temprana.

En atención sanitaria, el colectivo aboga por elaborar un plan para las enfermedades crónicas y orgánicas, otro para la enfermedad mental y un catálogo ortoprotésico. También demanda la creación del Consejo de Accesibilidad.

En materia de empleo, CERMI Cantabria incide en la necesidad de favorecer políticas de incorporación de las personas con discapacidad, pero no solo en los centros especiales de empleo, sino también en la empresa ordinaria y las administraciones.

Por eso, reclama, una estrategia autonómica para la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Roberto Álvarez ha recordado que la tasa de paro entre estas personas es de entre el 60 y 70 %, y ahora con la crisis está aumentando. "Tenemos que evitar entre todos que siempre sean los mismos los más perjudicados", ha indicado.

Según dice, "la lucha" por la integración laboral es "constante", y también por el mantenimiento del empleo protegido en los centros especiales de empleo, que han sufrido una "demora histórica" en el pago de las subvenciones que les transfiere la administración para abonar las nóminas.

En Cantabria, los centros especiales de empleo dan trabajo a un millar de discapacitados y en los últimos meses acumulaban unos atrasos de 3 millones de euros en las aportaciones del Gobierno regional.

El Ejecutivo se comprometió a saldar esa deuda y agilizar los pagos en adelante y, por ahora, está cumpliendo lo acordado. Así, el presidente de CERMI Cantabria ha destacado que en abril se recibió ya el primer pago y este mes de mayo se saldará el resto de la deuda.

En adelante, la intención del Gobierno es considerar preferentes estos pagos a efectos de tesorería, para que la financiación se reciba "en 30 días a lo sumo" desde la liquidación, ha explicado Álvarez.

Las cosas mejoran en este sentido, pero hay otros en los que los colectivos de CERMI auguran dificultades, por ejemplo, por la reducción de las partidas que abona la administración cántabra por las plazas concertadas para atender a discapacitados.

Según Álvarez, "toda reducción repercute en la calidad del servicio" que se presta al usuario", salvo que se acompañe de un cambio del marco normativo que permita ser más eficientes.

Ha recalcado que en el caso de las asociaciones que atienden a discapacitados la reducción de la aportación pública no supone reducir el margen de beneficios, porque en muchos casos no los tienen y, al contrario, son "deficitarias".

Igualmente, Álvarez ha mostrado su preocupación por otras medidas, como el copago que, a su juicio, debería orientarse más a la realidad de la persona con discapacidad y que, en algunos casos, le parece "injusto" si lo que se quiere es incorporar a estas personas a la sociedad.

Por último, ha alertado de que el aplazamiento de la aplicación del Grado 1 de dependencia perjudica especialmente a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental -las que suelen encajar en este grado- y las deja en una situación de "grave exclusión".

(Publicado en el diario ABC)