En el Pleno se ha presentado la nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Mª José Ordóñez Carbajal, y ha asistido el Secretario de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés.

 

Entre los asuntos abordados por el Pleno destaca la constitución de un grupo de trabajo de amplio espectro, que se reunirá cada 15 días, centrado en el pacto de Estado contra la violencia de género, al que CERMI y la Fundación CERMI Mujeres se han sumado con el objetivo de garantizar la toma en consideración de las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad en esta iniciativa y la introducción de un enfoque interseccional que garantice la plena diversidad de las mujeres.

 

La próxima convocatoria del grupo de trabajo será en el plazo de dos semanas, las reuniones tendrán un enfoque temático y abordarán cuestiones relacionadas con la prevención, detección temprana, respuesta asistencial, respuesta judicial, formación de profesionales, coordinación interinstitucional y recogida de datos. El grupo de trabajo recogerá además las diversas demandas realizadas por cada una de las organizaciones que han comparecido ante la Subcomisión para un Pacto sobre Violencia de Género de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

 

En su intervención, el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres, han felicitado a la nueva Delegada por su designación y han aprovechado la oportunidad de informar al Pleno de cuáles han sido las principales demandas que el pasado día 28 de marzo fueron trasladadas por la FCM a la Subcomisión antes señalada.

 

Entre ellas, se ha solicitado una vez más la introducción de indicadores que permitan conocer la situación real de las mujeres con discapacidad en este ámbito, en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de seguimiento sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

 

Sobre este extremo, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha confirmado que, tras realizar las consultas pertinentes al Instituto Nacional de Estadística (INE), resulta factible introducir el indicador de la discapacidad en los Informes Anuales del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, sin que se haya concretado en qué momento se podrá aplicar de manera efectiva dicho indicador.

 

En la misma línea, se ha solicitado al Gobierno realizar un mayor esfuerzo presupuestario para aplicar políticas para la erradicación de la violencia de género que tengan en cuenta cuestiones referentes a la garantía de la accesibilidad de los recursos y servicios para todas las mujeres sin excepción, así como garantizar una mejor y más amplia formación de las y los profesionales involucrados en este ámbito.

 

La FCM, además, ha denunciado la falta de implementación en nuestro país de las prescripciones del Convenio de Estambul, específicamente el mandato contenido en el art. 39 que prohíbe de manera expresa la práctica de esterilizaciones forzadas.

 

En este punto, la FCM ha llamado la atención del claro sesgo de género que tienen las incapacitaciones judiciales que se practican en nuestro país y que tienen como finalidad esterilizar precisamente a las mujeres con discapacidad y que deben ser contempladas como violencia contra las mujeres.

 

Estas prácticas contravienen tratados de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.