"Un 20% de nuestro alumnado con discapacidad está segregado por razón de discapacidad" y esto es algo que la Lomce no ha querido cambiar, afirmó el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en un encuentro informativo mantenido con Servimedia.

 

Explicó que la Lomce incumple el artículo 24 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que insta a los Estados partes a asegurar un sistema de educación inclusiva.

 

En concreto, el mencionado artículo señala que "Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida".

 

Y puesto que la recién aprobada Ley de Educación sigue manteniendo centros de educación especial de enseñanza, en los que se encuentra actualmente el 20% del alumnado con discapacidad, el CERMI considera que incumple la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad y, por tanto, la Constitución.

 

Porque la Carta Magna, recordó Pérez Bueno, hace suyos los tratados de Derechos Humanos, ya que a través de su artículo 10 establece que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España".

 

Desde esta perspectiva, la plataforma representativa de las personas con discapacidad entiende que puede pedir a la Oficina del Defensor del Pueblo que estudie si la Lomce es o no inconstitucional en el aspecto de la educación inclusiva.

 

Actualmente, sostiene el CERMI, hay en España 140.000 alumnos y alumnas con discapacidad en nuestro sistema educativo no universitario; casi 40.000 están en educación especial , "segregadores" a juicio de este comité.

 

El CERMI afirma que ha ofrecido herramientas al Ministerio de Educación para "hacer el proceso de migraciones de estructuras segregadoras a estructuras inclusivas" en el marco de la Lomce y el Gobierno no las ha querido oír.

 

Por todo esto, porque la norma educativa de España sigue "segregando" a los alumnos con discapacidad, el CERMI pedirá a la defensora del Pueblo que la recurra ante el Tribunal Constitucional

 

Y si no lo hace, porque entiende que no hay argumentos para ello, el comité no se rendirá y llevará la Lomce ante Naciones Unidas, donde explicará que viola la Convención sobre Discapacidad.