Así lo ha puesto de relieve la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Ana Peláez, durante una reunión con la responsable de Área de Investigación y Política Interior de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.

 

El encuentro se ha desarrollado en el marco de un trabajo de investigación que Amnistía está llevando a cabo para analizar los obstáculos en la detección e identificación de posibles víctimas de trata, entre las que se encuentran invisibilizadas especialmente las mujeres con discapacidad. La investigación de Amnistía Internacional verá la luz en el último trimestre del año y contará con el apoyo de la FCM para su difusión.

 

Ana Peláez ha destacado que estudios recientes alertan del vínculo directo existente entre algunos tipos de discapacidad y distintos patrones de la trata, como son la mendicidad forzada y prácticas de explotación laboral. Además, ha expresado la preocupación de la FCM sobre estas mujeres con discapacidad sometidas a trata, “cuya situación se ha visto especialmente agravada durante el periodo de confinamiento provocado por la pandemia”.

 

En este sentido, la FCM tiene en agenda la puesta en marcha de un estudio específico sobre la realidad de este sector de la población, sobre el que no existen cifras oficiales ni información relativa a su situación.

 

Durante la reunión, que ha contado también con la participación de la coordinadora de la FCM, Isabel Caballero, y de Verónica Barroso, del equipo de investigación de Amnistía, se han analizado los problemas más evidentes de detección e identificación de estas víctimas, haciendo hincapié en el hecho de que la falta de toma de conciencia entre las mujeres y niñas con discapacidad en relación con sus derechos y con la explotación y sus peligros hace que sean incapaces de autoidentificarse como víctimas y que sea más fácil para los traficantes manipularlas.

 

 

“Además, las mujeres y niñas con discapacidad siguen siendo invisibles en los instrumentos internacionales que prohíben la trata de personas, como por ejemplo la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado y el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Ninguno de los dos documentos contiene referencias a la discapacidad”, ha denunciado la FCM.

 

Igualmente, ha advertido de que, debido a la falta de acceso a la educación y al empleo y el riesgo significativo de pobreza, las mujeres y niñas con discapacidad tienen más posibilidades de ser víctimas de las redes de tráfico de personas.

 

“El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha mostrado su preocupación por la situación de las mujeres y niñas con discapacidad que viven en la pobreza, que suelen estar expuestas a formas de explotación y maltrato como la mendicidad y la trata con fines de explotación laboral y sexual. La privación de libertad, la segregación y la institucionalización de las mujeres y niñas con discapacidad aumenta de forma significativa el riesgo que corren de ser víctimas de la trata”, ha recalcado CERMI Mujeres.

 

Por último, la entidad ha recordado que sus propios Estatutos establecen, entre sus fines fundacionales, el “promover el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres y niñas con discapacidad, tomando en consideración las mujeres con discapacidad que se desenvuelven vitalmente en los últimos márgenes sociales con un mayor riesgo de exclusión y vulneración de derechos, tales como las mujeres y niñas con discapacidad prostituidas y víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual; las mujeres y niñas con discapacidad que se vean o puedan verse inquietadas por su orientación, opción o identidad afectivo-sexuales (LGTBQI+), y las mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, solicitantes de asilo o refugiadas, entre otras mujeres y niñas cuyas identidades y/o situaciones sociales precarias se entrecrucen con la situación de discapacidad”.