Como acredita la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas en su reciente informe sobre el maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica, las mujeres y niñas con discapacidad están más expuestas a ver comprometidos sus derechos sexuales y reproductivos en la atención a la salud y en su relación con las profesiones sanitarias.

 

Así, la esterilización forzada y el aborto forzado constituyen delito y son sendas  formas de violencia de género contra la mujer. El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como el Convenio de Estambul, prohíbe ambas expresamente,  mientras que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de  Discriminación contra la Mujer y otros tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas las prohíben implícitamente mediante la protección de los derechos humanos  reproductivos de las mujeres.

 

La esterilización forzada y el aborto impuesto son tratamientos médicos que se practican en todo el mundo sin consentimiento informado. Los realizan profesionales sanitarios por diversas razones, como, por ejemplo, aduciendo que redundan en beneficio del denominado interés superior de la mujer  o basándose en la creencia de que ciertos grupos de mujeres pertenecientes a grupos minoritarios, como las mujeres romaníes, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad o las mujeres que viven con el VIH, no son “dignas” de procreación, son incapaces de tomar decisiones responsables sobre la  anticoncepción, no están en condiciones de ser “buenas madres” o no es aconsejable  que tengan descendencia.

 

También están muy extendidas las quiebras en el consentimiento informado cuando se trata de mujeres con discapacidad, sin que la accesibilidad universal a la comunicación y expresión de la voluntad esté garantizada.

 

Las mujeres y las niñas con discapacidad sufren una discriminación basada en múltiples aspectos de su identidad, como el género y la discapacidad. Muy a menudo  se las considera asexuales o sexualmente inactivas.

 

La Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad ha señalado además que “es habitual que se presione a las niñas y las jóvenes con discapacidad para que interrumpan sus  embarazos debido a los estereotipos negativos acerca de su capacidad para la crianza de los hijos y por la preocupación eugenésica de que den a luz a un niño con discapacidad”.