El estudio, que ha sido presentado este jueves por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, refleja que una de cada dos mujeres en España de 16 años o más ha sufrido violencia física, sexual o acoso a lo largo de su vida.

 

Más allá de las cifras de la población femenina en general, la macroencuesta señala que el 20,7% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad, una diferencia que, a juicio de CERMI Mujeres, “debe hacer reflexionar a las y los responsables políticos de nuestro país”.

 

Asimismo, el estudio recoge que el 17,5% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física, sexual, emocional o han sentido miedo de sus parejas afirman que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas (9,8% entre las que la han padecido de la pareja actual y 19,7% en el caso de la violencia de parejas pasadas). 

 

 

“La violencia contra las mujeres es una violencia estructural que se ceba de una manera muy particular con las mujeres con discapacidad, por lo que cada asesinato de una mujer, cada golpe, cada denuncia presentada por violencia de género es un asunto de Estado y así debe ser abordado por los poderes públicos”, asegura CERMI Mujeres.

 

Entre las medidas que plantea la entidad destaca la puesta en marcha de una macroencuesta específica sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, así como las madres y cuidadoras de personas con discapacidad, que pueda permitir valorar las actuales medidas legislativas, administrativas y políticas generales y específicas para su protección y recuperación, teniendo debidamente en cuenta los riesgos concretos y los factores de vulnerabilidad, como la incapacitación legal, la institucionalización, la pobreza, la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad.

 

Asimismo, reclama el impulso de protocolos de coordinación entre los principales actores involucrados en el abordaje de la violencia machista: los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones sociales especializadas en la materia. 

 

En este punto, la FCM indica que el movimiento asociativo de la discapacidad, y más concretamente las organizaciones de mujeres con discapacidad, pueden desarrollar una labor de acompañamiento fundamental.

 

 

De igual modo, pide que se garantice la accesibilidad universal de los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, de los juzgados, y de las campañas y materiales informativos de sensibilización, pues además, se trata de un mandato establecido en la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género.

 

El desarrollo e implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad previsto en el Pacto de Estado; el impulso de acciones de formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sanitarios y servicios sociales en materia de violencia contra las mujeres con discapacidad; la inclusión de la variable de discapacidad en todos los registros oficiales sobre violencia de género, y la ampliación del concepto de violencia contra las mujeres, que recoja otros tipos de violencias machistas no contempladas en la legislación actual, como las agresiones sexuales, la trata con fines de explotación sexual o las esterilizaciones forzosas y los abortos coercitivos, que deberían estar prohibidos en cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas y del Convenio de Estambul, son otras demandas expuestas por la FCM.

 

La entidad también reivindica el reconocimiento legal de un modelo basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones de las mujeres con discapacidad que así lo requieran, dejando atrás definitivamente el modelo basado en la modificación de la capacidad jurídica, “que aparece como un obstáculo insalvable a la hora de defender sus propios derechos y acceder a la justicia”.

 

“En definitiva, reclamamos el cumplimiento del Convenio de Estambul, la legislación estatal vigente y de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dotándolo del presupuesto necesario para que sea una realidad y no un mero papel mojado”, apostilla la entidad.