El acto, que ha contado con las titulares de los Ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como con mujeres referentes de organizaciones de personas con discapacidad bajo la moderación del director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha puesto de relieve el paso significativo que supuso la aprobación durante esta legislatura de la Ley Orgánica 2/2020 que modifica el Código Penal para la erradicación de la esterilizaciones forzadas o no consentidas de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. En diciembre de 2020, se puso fin así a una de las vulneraciones más flagrantes de los derechos humanos contra las personas con discapacidad que persistían en el ordenamiento jurídico español.

 

“Un día histórico” que es “motivo de orgullo” tanto para la vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés) y vicepresidenta de la FCM, Ana Peláez, como para la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Concha Díaz, quienes han valorado el avance que la sociedad española traslada al resto del mundo al ser, junto con Suecia, los únicos dos países que han erradicado las esterilizaciones forzadas de su legislación.

 

No obstante, ambas han remarcado la importancia de seguir trabajando para “erradicar esta práctica nociva”, según la terminología que emplea CEDAW en sus recomendaciones a los Estados parte. Porque, pese a la prohibición legal, en la práctica, las esterilizaciones forzadas “se siguen dando en los entornos familiares, en las organizaciones y en las instituciones, incluidas las educativas” —afirma Peláez— “al no haber nadie que lo reporte”.

 

En este sentido, Díaz ha hecho hincapié en la ausencia de datos estadísticos que muestren la realidad de las mujeres y niñas víctimas de esterilizaciones forzadas y ha instado a “no conformarse” con la reforma. “No podemos hacer esta práctica aceptable; tenemos que incidir en la mentalidad de la sociedad, en todos los ámbitos y a todos los niveles. Necesitamos más y mejores herramientas”, asegura.

 

La creación de una comisión de trabajo multidisciplinar, el acceso a la justicia y a la asistencia legal gratuita o garantizar el consentimiento libre e informado son algunas de las herramientas que ambas expertas consideran clave para acabar con este “atentado contra nuestros cuerpos y contra nuestra dignidad”, sostiene Díaz. No menos importante es dar un papel preponderante a las organizaciones y a la formación de las mujeres y niñas con discapacidad sobre sus derechos “para que sepan reconocer la manipulación a la que quizá estén siendo sometidas”, zanja Peláez.

 

En el transcurso del evento ha intervenido vía telemática la presidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Rosemary Kayess, quien ha felicitado al Gobierno de España por “reconocer sus acciones pasadas y el daño causado a las mujeres y niñas con discapacidad”, así como por asumir “un papel de liderazgo, demostrando a otros países que la reforma es necesaria y alcanzable y que la esterilizaciones forzadas de mujeres y niñas con discapacidad deben terminar”.

 

Asimismo, han podido escucharse los testimonios de dos mujeres con discapacidad, activistas contra las esterilizaciones forzadas y víctimas de esta práctica. Loli Miñano, de la Red Estatal de Mujeres Salud Mental España y Cristina Paredero, recientemente galardonada con el Premio Juventud 2021, “dos supervivientes” —en palabras de Jesús Martín, director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad— que han relatado sus experiencias personales y han recibido el apoyo y cariño de las panelistas y del público presente.

 

"En mi nombre y en nombre del Gobierno, pediros perdón. Nunca debió vulnerarse de esta manera el derecho de las mujeres con discapacidad a decidir sobre sus propios cuerpos ni debió tardarse tanto tiempo en prohibir esta práctica. Sabemos que no podemos cambiar el dolor que os produce lo que pasó, pero queremos que sepáis que lo sentimos de corazón", ha declarado Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, en referencia a Miñano y Paredero y, por extensión, a todas las mujeres con discapacidad víctimas de esterilizaciones forzadas. Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha calificado de "innegable daño" el que “durante décadas” han sufrido las mujeres y niñas con discapacidad.

 

En consonancia, Belarra ha avanzado que este viernes el Gobierno aprobará en el “Consejo de Ministras” una declaración institucional de reconocimiento a mujeres y niñas con discapacidad que han sufrido esterilizaciones forzadas. Asimismo, Montero ha urgido a aprobar en las Cortes Generales la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que eliminará el "intolerable" término de 'disminuidos' e incorporará "un nuevo enfoque de derechos feministas" siguiendo el concepto de interseccionalidad y mencionando de manera específica a las mujeres y niñas con discapacidad. “No hay feminismo posible sin las mujeres con discapacidad y sin vosotras no vamos a ser capaces de disfrutar de una democracia plena, así que muchas gracias por poner vuestro cuerpo”, ha concluido.