La adhesión del CERMI se produjo este lunes en el marco de la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, lo quetuvo lugar durante la clausura de la Asamblea Ordinaria de Representantes del CERMI del ejercicio 2013. El convenio fue suscrito por el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, y la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.

 

Según explicó Hidalgo, quien presidió la clausura de la Asamblea del CERMI, se trata de uno de los proyectos clave del Ministerio y deseó que a él "se sumen todas aquellas entidades que puedan aportar para lograr su objetivo”.

 

En relación a la adhesión del CERMI a la Estrategia, expuso que es “fundamental” por la relevancia del Comité, por su colaboración con el Ministerio “que se refuerza cada día” y porque abre una nueva vía para lograr la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad, que “ha de pasar, siempre que sea posible, por el empleo”.

 

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, indicó, cuenta con un presupuesto de 3.500 millones de euros y contiene 100 medidas para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, ya sea a través de la contratación o del emprendimiento.

 

En relación a la contratación, aunque todas las medidas estén dirigidas a jóvenes menores de 30 años, en el caso de aquellos que presenten una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, el tramo de edad se amplía cinco años más, y, en el marco de la última reforma laboral, se ha establecido que haya prioridad para trabajadores con discapacidad en la permanencia en el puesto de trabajo ante situaciones de movilidad geográfica necesaria y ante situaciones de despido colectivo.

 

También se ha contemplado que el límite máximo de edad para la celebración de contratos para la formación y el aprendizaje no sea de aplicación para las personas con discapacidad.

 

En cuanto a las medidas para favorecer el emprendimiento, y en relación a la Tarifa Plana para Jóvenes Autónomos (que la Estrategia introduce y que consiste en el establecimiento de una cuota a la Seguridad Social mínima de 50 euros durante seis meses cuando se den de alta como autónomos), en el caso de menores de 35 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, tal reducción se aplicará durante 12 meses desde la fecha de alta. Esta reducción se podrá enlazar posteriormente, con una bonificación del 50% en la misma cuota durante cinco años.

 

Entre las demás medidas que mencionó Hidalgo destaca la especialización en los centros de atención de los servicios públicos de empleo, el impulso al teletrabajo, las políticas de Responsabilidad Social Empresarial, los incentivos, y la búsqueda de soluciones innovadoras a través de las TIC.

 

Para la secretaria de Estado de Empleo, “no hay mejor inversión que aquella dirigida a conseguir que las personas con discapacidad puedan trabajar” porque “su inserción laboral no sólo supone retornos sociales muy importantes, sino también mayores ingresos a través de las cotizaciones o el pago de impuestos con los que seguir financiando los servicios públicos de todos los ciudadanos”.

 

Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, subrayó que, al mismo tiempo que las entidades de la discapacidad piden solidaridad para avanzar hacia la participación y la inclusión en la sociedad, “también estamos dispuestos a darla”. En este sentido, reconoció que el grupo que se encuentra en peor situación laboral es el de los jóvenes y, sobre todo, los que tienen discapacidad.

 

Por ello, dijo que la respuesta a este problema es esta Estrategia, que “podría haber olvidado la discapacidad, pero, gracias al fluido diálogo que existe con el Ministerio, ha decidido darle un enfoque hacia la discapacidad”. “Entendemos que es una buena política de empleo aquella que tiene presente la especial intensidad de actuación dirigida a personas con discapacidad para mejorar la empleabilidad”, indicó.

 

Además, en lo que respecta a la amplia agenda sociolaboral, el presidente del CERMI reclamó que el Gobierno asuma en esta legislatura el compromiso de un mandato que regule la renovación del marco laboral para personas con discapacidad.