Según ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el objetivo de esta medida es que las personas o entidades que prestan servicios sociales “puedan, con la tributación reducida, adquirir más de un vehículo”.

 

Así, el CERMI valora positivamente esta ampliación del beneficio fiscal, que permitirá a las entidades sociales de atención a la discapacidad mejorar la calidad de sus servicios y adquirir más y mejores medios de transporte accesibles para el desplazamiento seguro y cómodo de estas personas.

 

Esta modificación normativa era una reclamación que venía realizando el CERMI, ya que, hasta ahora, la aplicación del IVA superreducido se limitaba a la adquisición de vehículos por parte de personas con discapacidad con movilidad reducida o familias de estas personas para su servicio, a título individual, pero quedaban excluidas, casi completamente, las compras por parte de entidades sociales (asociaciones y fundaciones, fundamentalmente), por no poder acogerse a este beneficio fiscal sino pasados cuatro años desde la adquisición de un único vehículo.

 

Por su parte, fue el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quien asumió esta demanda mediante la modificación del Reglamento del IVA, con arreglo a la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

 

Por tanto, con esta modificación normativa que ha aprobado el Gobierno, se abre este beneficio fiscal a las entidades cívicas que prestan servicios sociales de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia a grupos de personas con discapacidad, que ya no verán restringido el mismo a un único vehículo cada cuatro años.