"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
CERMIS Autonómicos
CERMI Cantabria denuncia 4,3 millones de pérdidas desde 2012 en el tercer sector por recortes y no actualización de precios
06/03/2018
CERMI Cantabria, junto a Amica, Ampros, Ascasam, Aspace, Fernando Arce y la Fundación Síndrome de Down, han hecho pública este martes su "preocupación e inquietud" por la "grave situación" que atraviesan desde hace seis años, en los que calculan que los sucesivos Gobiernos regionales han dejado de abonar a estas entidades 4,3 millones de euros por los recortes del año 2012 y la no actualización de precios desde entonces.
Las entidades del denominado tercer sector denuncian que están "financiando parte del sistema" y estiman que para dar respuesta a la "grave situación de sostenibilidad" que ello les está generando, habría que destinar un 1,5% adicional del presupuesto de Servicios Sociales, lo que equivale a 3,5 millones de euros, a sumar a los 71 millones que el Gobierno regional destina a financiar ese millar de plazas concertadas.
Sostienen al respecto que el presupuesto de política social ha aumentado en 20 millones de euros desde 2015, pasando de 210 a 230 millones, y "ninguno de esos incrementos ha ido destinado a mejorar la financiación de estas plazas", lo que supone la consolidación de los recortes de 2012.
Así lo han explicado en rueda de prensa la presidenta de CERMI Cantabria, Mar Arruti, y los anteriores presidentes, Antonio Ruiz -director de ASPACE- y Roberto Alvarez -director gerente de AMPROS-, que han estado acompañados por los máximos representantes de las distintas entidades.
Actualización de precios del 3%
El sector, que ha pedido una subida del 8% en los precios públicos por plaza concertada, sigue reclamando la publicación urgente de la actualización de precios pese a que el presidente y la vicepresidenta del Gobierno, Miguel Angel Revilla y Eva Díaz Tezanos, se comprometieron a comienzos de febrero a publicar la orden "de forma inmediata".
Arruti ha explicado que el pasado 14 de febrero las direcciones generales del ICASS y Política Social les anunciaron la publicación de una orden de precios con una actualización del 3%, pero 20 días después "sigue sin publicarse", por lo que reclaman su aplicación con efectos retroactivos desde enero. CERMI y sus entidades han valorado positivamente la actualización aunque "un 3% no solucione la situación".
Además, CERMI reclama una normativa para la autorización y acreditación de Servicios Sociales destinados a la atención de personas con discapacidad, junto con una Memoria Económica que recoja de modo objetivo y real la estructura de costes de los Servicios, ordenados.
"Todo ello en el marco de un pacto político global, que permita resolver este tema de forma ordenada y planificada hacia el futuro, con objeto de dar coherencia entre la calidad de la atención y los recursos aplicados, manteniendo para ello un modelo normativo estable y progresivo", ha señalado Roberto Alvarez.
(Información publicada por Europa Press)
