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viernes, 23 de enero de 2015cermi.es semanal Nº 152

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Actualidad

En la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal

El CERMI celebra que el Congreso haya dejado sin efecto la reforma de las medidas de seguridad

Feaps y Feafes también se felicitan por la decisión

17/01/2015

El CERMI considera como una buena noticia para los derechos de las personas con discapacidad que el Congreso de los Diputados haya dejado sin efecto la reforma de la regulación legal de las medidas de seguridad, contenida en el proyecto de ley de modificación del Código Penal, que se tramita en estos momentos en la Cámara baja.

Los Grupos Parlamentarios, entre ellos el mayoritario que da soporte al Gobierno, cuyo voto era determinante, han asumido así las insistentes demandas del movimiento social de la discapacidad que desde que se conocieron los términos de la reforma, promovida por el ex ministro Gallardón, había venido reclamando su cancelación, pues suponía una agresión grave a los derechos de las personas con discapacidad, en especial con discapacidad intelectual o con enfermedad mental.
 
En la sesión de la Comisión de Justicia celebrada la semana pasada en el Congreso, en la que se aprobaba el dictamen de la reforma penal, la modificación de las medidas de seguridad queda suprimida, volviéndose al sistema vigente, desapareciendo así esta amenaza a los derechos de acceso a la Justicia de las personas con discapacidad.
 
El CERMI agradece a las fuerzas políticas su apoyo para evitar este retroceso legislativo, y señala la actitud favorable del nuevo Equipo del Ministerio de Justicia y del portavoz; José Miguel Castillo, y demás ponentes del Grupo Parlamentario Popular, que se han hecho eco de las peticiones del CERMI y de sus organizaciones más directamente perjudicadas por la reforma, como FEAFES y FEAPS.   
 
Las medidas de seguridad afectan a determinados grupos de  personas con discapacidad en tanto les son aplicables a aquellas que comenten una infracción penal, pero que no son responsables criminales de la misma, por resultar inimputables.
 

Feaps se felicita

 
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) se felicitó también por la retirada de esta reforma. Según indicó Mario Puerto, vicepresidente de la entidad, en la presentación de un trabajo sobre las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental en los procesos judiciales, la retirada de estas medidas supone una "satisfacción" para los afectados, porque eran "discriminatorias" y "claramente contrarias" a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
A juicio de Feaps, la existencia de una discapacidad intelectual o del desarrollo no puede ser la causa última que motive que la aplicación de una medida de seguridad privativa de libertad se pueda prolongar indefinidamente en el tiempo.
 

Feafes celebra la retirada de las ‘medidas de seguridad’

 
Desde la Confederación Feafes se considera una buena noticia que la mayoría de grupos parlamentarios hayan asumido la retirada de las medidas de seguridad que prorrogaban indefinidamente el internamiento de personas con trastorno mental, atendiendo a su supuesta peligrosidad, que se incluían en el proyecto de reforma del Código Penal.
 
Desde Feafes siempre se ha hecho mucho énfasis en que la aprobación de este tipo de medidas no haría mas que estigmatizar al colectivo de personas con enfermedad mental. Y es que el Proyecto de Ley las consideraba ‘peligrosas’ por el hecho de estar diagnosticadas con un problema de salud mental, siendo así posible mantenerlas encerradas, pese a haber cumplido la medida de seguridad, con la justificación de que ‘pudieran volver a cometer algún tipo de hecho delictivo’.
 
Una vez publicado el Diario de Sesiones de la Comisión de Justicia se puede decir que el Congreso ha decidido retirar estas medidas de seguridad, volviendo así a la redacción de las medidas de seguridad de 2010, esto es, el Código Penal actualmente vigente.
 
El texto debe pasar ahora por el Senado para ser aprobado y ratificado antes de ser publicado oficialmente. Pero atendiendo a las declaraciones del portavoz del grupo popular en la Comisión de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, en las que asegura la “renuncia de su grupo a su propuesta de reformar las medidas de seguridad” aludiendo directamente a las reivindicaciones hechas desde la Confederación Feafes para que esto fuera así, se puede corroborar dicha retirada.
 
De esta manera, Feafes considera que los grupos parlamentarios han asumido las demandas del movimiento social de la discapacidad realizadas desde que se conoció la reforma, promovida por el ex-ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, centradas en reclamar su cancelación porque suponía “una agresión grave a los derechos de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental”.
 
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