Según dispone la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que entró en vigor el 4 de diciembre de 2013, el Ejecutivo, en el plazo de dos años, que expiró el pasado 4 de diciembre, tendría que haber aprobado “unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación (…) para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad”.

 

A pesar de las demandas y advertencias del movimiento social de la discapacidad al Gobierno, a través del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para que cumpliera esta mandato legal, ha transcurrido el plazo máximo sin que esta normativa reglamentaria tan necesaria haya sido adoptada, por lo que existe un vacío regulatorio que deja en situación de desprotección a las personas con discapacidad en su acceso a los bienes y servicios a disposición del público.

 

En su queja, el CERMI reclama a la Defensora del Pueblo que investigue esta demora e inste al Ejecutivo a acelerar el proceso de aprobación de esta normativa. En el mismo sentido, la plataforma representativa de la discapacidad se ha dirigido al Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Peticiones, para que tramite esta denuncia en la vía parlamentaria.