La plataforma de la discapacidad ya denunció que en el grupo de trabajo creado al efecto por el ministerio de Sanidad para elaborar una propuesta legal de baremo de daños sanitarios no hay presencia de los sectores sociales y que este déficit de participación va a sesgar y debilitar los planteamientos de regulación que surjan de su seno.

 

Hasta ahora, el Departamento que preside Monserrat se ha limitado a pasar un cuestionario escrito con una serie de preguntas sobre los aspectos esenciales del futuro baremo, pero sin abrir el grupo de trabajo a la sociedad civil de pacientes, discapacidad y mayores.

 

El CERMI ya ha respondido al cuestionario del ministerio, insistiendo en que el nuevo baremo no puede ser diferente y paralelo al aprobado en 2015 para la indemnización de los daños derivados de accidentes de tráfico, sino que ha de existir un único baremo legal obligatorio con las peculiaridades de cada ámbito, sanitario y de tráfico, porque la reparación del daño corporal ha de ser homogénea con independencia del origen.