Son muchas ya y antiguas las iniciativas de grupos parlamentarios, la última esta misma semana en la Comisión Constitucional del Congreso, que emplazan inconcretamente a regular estos grupos de interés, en sus relaciones con los dirigentes políticos, especialmente del ámbito legislativo, pero se quedan en eso, en meras declaraciones sin que se vean seguidas por decisiones normativas, de regulación positiva.

 

El CERMI, como plataforma social que actúa como grupo de interés para el avance de la agenda política de la discapacidad, desea que el Parlamento dé ya el paso y legisle sobre los sectores sociales que realizan incidencia política, que es una forma más de gobierno abierto, para que el marco jurídico de referencia sea claro y conocido e inspire confianza y seguridad a todos los operadores y a la sociedad.

 

En el ámbito del Estado, solo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha establecido un registro de grupos de interés, en el que el CERMI se inscribió desde el primer momento, ya que toda su actuación de incidencia es legítima y transparente, buscando la mejora de las condiciones normativas, presupuestarias, estratégicas o programáticas que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad.