En un curso organizado por el Instituto Andaluz de Administración Pública, dirigido a empleados públicos de la Junta de Andalucía, para extender el conocimiento y la formación de la Convención en las estructuras públicas andaluzas, el representante del CERMI ha señalado la tristeza del movimiento social de la discapacidad al comprobar que cinco años después de su entrada en vigor en España, las Comunidades Autónomas apenas han adoptado medidas para adecuar su legislación y sus políticas al nuevo y exigente marco de derechos del tratado internacional.

 

La Convención de la ONU, ha enfatizado Pérez Bueno, "no es algo que ocurre ahí fuera, en la escena internacional, o en la esfera estatal, y al que se mira como mero espectador, que parece ser la actitud de gran parte de las Comunidades Autónomas, sino que es cosa propia, que vincula a todos los poderes públicos, nacionales y territoriales".

 

Las Comunidades Autónomas, precisó el presidente del CERMI, están "interpeladas y urgidas en primera persona por la Convención y son igual de responsables que el Ejecutivo nacional". En este sentido, señaló que ellas "han de responder legislativa y políticamente a ese desafío, impulsando con decisión y de la mano del movimiento asociativo de la discapacidad una revisión profunda de su marco normativo y de su acción pública para adaptarla con celeridad al tratado de derechos humanos".