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viernes, 21 de abril de 2017cermi.es semanal Nº 254

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Actualidad

El CERMI pide al Gobierno 1.000 millones de euros para poner a cero el contador de la dependencia

07/04/2017

El CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha calificado de "absolutamente insuficiente" el aumento de 100 millones en la partida de los Presupuestos Generales para 2017 destinada a dependencia (un 8,2% más que en 2016) y pide al Gobierno que realice una inversión de 1.000 millones de euros para que las 300.000 personas con derecho reconocido reciban su prestación y poner así a cero el contador de la dependencia.

"Teníamos una petición: que el llamado limbo de la dependencia, esas casi 300.000 personas que tienen reconocido el derecho a la prestación y no la están recibiendo, tendría que ser saldado a través de distintas acciones en materia de mejora de la ley, que es manifiestamente mejorable, pero también con un fondo extraordinario de en torno a los 1.000 millones para poner a cero el contador de la dependencia en relación a esas personas con derecho reconocido no satisfecho", ha subrayado Pérez Bueno en declaraciones a Europa Press.
 
Para el CERMI, que el importe destinado al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) haya ascendido en el presupuesto para 2017 un 8,2% con respecto a 2016, llegando a los 1.355 millones de euros, es "absolutamente insuficiente para reactivar una ley que estaba mortecina y afrontar ese limbo de la dependencia".
 
A su juicio, es necesaria una inversión "sustancial" durante uno o dos años porque existe "un retraso acumulado intolerable". "No se puede hablar de derecho subjetivo cuando 300.000 personas no están recibiendo la prestación; imaginemos que 300.000 pensionistas no recibieran su pensión a pesar de tener la edad de jubilación, sería impensable porque un derecho subjetivo es un derecho subjetivo", ha enfatizado.
 
Por otra parte, el crédito para los subsidios económicos para personas con discapacidad asciende a 17 millones de euros en el proyecto de PGE para 2017, lo que supone un 13,8 por ciento menos que el de 2016 "por tratarse de un colectivo de carácter cerrado, sin nuevas incorporaciones, y, por tanto, con tendencia decreciente del gasto", según justifica el Ejecutivo.
 
Pérez Bueno corrobora que no se trata de "un recorte o una reducción deliberada" sino de una consecuencia del cambio de modelo en la atención a las personas con discapacidad, ya que esos subsidios económicos van dirigidos a un universo cerrado de personas entre 1982, cuando se aprobaron unas prestaciones a través de la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad, y 1991, cuando se extinguen al aprobarse el Real Decreto en materia de pensiones no contributivas.
 
(Información publicada en Europa Press)
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