Según ha manifestado, las personas con discapacidad tienen necesidades complejas, de apoyo para su inclusión, para su autonomía personal y una vida independiente, “que no pueden tratarse de una manera fragmentada”; al mismo tiempo que tienen necesidades intensas en el ámbito sanitario, de promoción sanitaria.

 

En este sentido, desde el movimiento de la discapacidad, ha incidido, tenemos que conseguir este espacio socio-sanitario y darle así salida a estas necesidades complejas, y desde una perspectiva inclusiva, ya que “no podemos tener una atención social, si ésta es discriminatoria”.

 

Según Pérez Bueno, el CERMI preparará un documento de trabajo de cara al debate que va a abrir el Gobierno en las Comunidades Autónomas para que la discapacidad sea visible y las personas con discapacidad estén presentes en las políticas sanitarias.

 

 

Por su parte, el director general del IMSERSO, César Antón, ha coincidido con el presidente del CERMI en cuanto a la necesidad de un marco legislativo estatal que regule la integración socio-sanitaria, y para ello, ha incidido en la importancia de que participen todos los agentes, desde el diálogo, consenso y debate, tanto la Administración General del Estado, como las Comunidades Autónomas, las entidades colaboradoras de prestación de servicios, el conjunto de profesionales sanitarios y sociales, así como entidades como el CERMI.

 

Antón ha llamado la atención sobre la aprobación por parte del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia de un catálogo de referencia de Servicios Sociales, el cual no tiene un rango normativo de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero “fue un paso importante y un punto de partida para esa integración socio-sanitaria”.

 

Asimismo, ha hecho referencia a un documento sobre integración socio-sanitaria en el que han trabajado durante 2013, cuyo objetivo fundamental es el concepto integral de salud tanto en el ámbito social como sanitario y que las personas que requieren cuidados integrados de la salud estén mejor atendidas. “Para una regulación de un nuevo espacio socio-sanitario debe haber un gran acuerdo”, ha concluido.

Tanto el vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Julio Sánchez Fierro; como el vocal asesor del IMSERSO, Fernando Vicente Fuentes, han expuesto una serie de propuestas para alcanzar una efectiva coordinación socio-sanitaria, basadas en ese documento de trabajo que han elaborado para definir y diseñar el escenario de un nuevo espacio socio-sanitario.

 

En este sentido, han coincidido en destacar que “es necesaria la participación de todos los agentes y un consenso y acuerdo para alcanzar este pacto socio-sanitario y un marco jurídico para ello, desde un enfoque multi-colaborativo”.

 

Este documento sobre atención socio-sanitaria, que han presentado ya, está basado en estudiar el perfil de las personas a las que iría dirigida la atención socio-sanitaria, la definición de los servicios (cartera o catálogo de servicios), unos requisitos básicos y comunes en todo el territorio nacional que deben cumplir quienes prestan los servicios, un sistema básico y coherente en todo el Estado de acreditación y autorización de centros, servicios y procedimientos, los instrumentos de gestión de casos, a través de los que se coordinará y prestará la atención socio-sanitaria, y los sistemas de información adecuados, que incluya la historia clínica socio-sanitaria.

 

Según ha asegurado el vocal asesor del IMSERSO, se va a abrir una fase de de diálogo, de consenso y de participación para este modelo socio-sanitario con todos los agentes (sector público, organizaciones profesionales y entidades colaboradoras en prestación de servicios), y se procederá a hablar con las consejerías competentes de Sanidad y Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, a quienes se les presentará este documento de trabajo, el cual también se discutirá con las distintas organizaciones de participación y consulta, de donde saldrá una propuesta de consulta y se abrirá diálogo con la sociedad civil.

 

El objetivo, han destacado Sánchez Fierro y Vicente Fuentes, es llegar a un pacto socio-sanitario, que sea aprobado en sesión plenaria y conjunta tanto del Consejo Interterritorial de Sanidad y del Consejo Territorial de Servicios Sociales. “Este pacto de amplio espectro tendría muchas posibilidades de convertirse en una norma de rango jurídico”, han concluido.