El CERMI se ha dirigido al Ministerio del Interior para plantear que los expedientes administrativos por infracción de la restricciones a la movilidad durante el estado de alarma se revisen caso a caso, con todo detalle, para evitar sancionar a personas con discapacidad que estaban realizando las llamadas salidas terapéuticas, autorizadas legalmente.

 

El movimiento CERMI efectúa este aviso al Departamento responsable de la seguridad pública, porque constan muchas situaciones durante el estado de alarma en que los agentes de la autoridad han sancionado a personas con discapacidad en salidas terapéuticas, a las que no se les dio opción de alegar su situación, amparada por la Ley, o de presentar documentación acreditativa, lo que convierte estas sanciones en nulas.

 

Como la denuncia de las fuerzas y cuerpos de seguridad representa el primer paso del expediente administrativo, que continúa el trámite, es el momento de que las autoridades superiores comprueben con total diligencia que la propuesta de sanción es procedente y que no se castiga a ninguna persona con discapacidad cuya movilidad sí estaba permitida por causa o motivos de necesidad.

 

Sancionar indiscriminadamente cuando no se han dado oportunidades plenas de defensa, a un grupo social como el de las personas con discapacidad que realizaban actuaciones autorizadas como las salidas terapéuticas constituiría una violación inaceptable de sus derechos, teniendo en cuenta además que su situación objetivamente es de mayor indefensión ante trámites administrativos complejos y farragosos de difícil gestión que la ciudadanía apenas comprende.