Así lo ha hecho la plataforma de la discapacidad a través de un documento de consideraciones a la consulta pública previa de la elaboración de un proyecto de modificación de la Ley General de la Seguridad Social para la simplificación y mejor del nivel asistencial del desempleo.

 

Según CERMI, los Itinerarios Personalizados de Empleo deben estar provistos de recursos que “den respuesta a las necesidades de apoyo específicas de las personas, con especial atención al sector social de las personas con discapacidad y a sus necesidades concretas al tratarse de itinerarios individualizados”.

 

En relación a la adaptación de los entornos, el CERMI asegura que los obstáculos “son notables” y que se debe tener en cuenta la habilidades, competencias y aptitudes de las personas con discapacidad. 

 

En lo que respecta a la accesibilidad, recuerda que, a pesar de que la legislación sectorial recoge la obligación que las páginas webs y aplicaciones del sector público deberían ser accesibles, “es aún una tarea pendiente de la administración española”. En este sentido recuerda que “se deberían incluir referencias explícitas para garantizar la accesibilidad del trámite de la prestación en todas sus fases”.

 

En este sentido, el CERMI ha lamentado “la escasa oferta de programas de formación accesibles y adaptados a las características de las personas con discapacidad” lo que “dificulta que se pueda favorecer la formación a lo largo de toda la vida”.

 

También reclama un complemento asociado a esta prestación asistencial por desempleo destinado a “compensar y paliar el agravio económico a que hace frente este grupo social por motivos asociados a su discapacidad”.

 

Por otro lado, el movimiento social de la discapacidad solicita que la vinculación de la prestación asistencial por desempleo al compromiso de seguimiento y realización de un Itinerario Personalizado de Empleo incorpore salvedades para aquellas personas con dificultades para el desarrollo de las Actividades de la Vida Diaria (AVD) y las que tienen a su cargo menores, personas con discapacidad y/o personas en situación de dependencia.

 

Por último, hace alusión a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y sus familias y, en este sentido, solicita que “participen en los mecanismos de coordinación que se establezcan entre los servicios de empleo y los servicios sociales” teniendo en cuenta su trayectoria y su experiencia.