En un documento remitido al ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, el CERMI propone modificar la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social para considerar como tales, con un grado del 33 por 100, a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en cualquiera de sus grados.

 

En la fundamentación de su propuesta, el CERMI señala razones políticas y legislativas, como la del ahorro público y simplificación administrativa, con eliminación de trámites y cargas, que supondría la adopción de esta medida. 

 

Las personas con una valoración reconocida de dependencia han pasado por un proceso exhaustivo de entrevistas y exámenes. Si desean obtener un reconocimiento de la discapacidad debe acudir a otro procedimiento, que se desarrolla en otro organismo, abonar una tasa, en ocasiones, y esperar, frecuentemente mucho tiempo, para que el mismo concluya. 

 

De aceptarse la propuesta, a la simplificación y mejor servicio al ciudadano se uniría un ahorro de recursos y medios en el organismo calificado de la discapacidad, si bien no en todos los casos, en un gran número de ellos.