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El CERMI propone que el poder local tenga más competencias en discapacidad
11/03/2013
El CERMI ha elaborado un documento de propuestas al anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha sido trasladado al Gobierno, con el objetivo de que contemplen las cuestiones relativas a la discapacidad en el ámbito local, el cual “todavía es un entorno en el que las personas con discapacidad y sus familias sufren múltiples barreras, obstáculos y restricciones al pleno ejercicio de sus derechos”.
Esta propuesta está enmarcada en la próxima reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que obliga al movimiento de la discapacidad, representado por el CERMI, a tomar posiciones para defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad y sus familias en la esfera local.
Por ello, el CERMI propone que hay que incorporar, dentro del enunciado de derechos y principios de la ley, el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación, a la inclusión social y a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Asimismo, apunta que la discapacidad organizada sostiene, “de modo enérgico”, que la prestación de servicios sociales y de promoción e inclusión sociales “deben seguir siendo también competencia de las entidades locales”, al mismo tiempo que opina que hay cambiar también los servicios obligatorios o mínimos que deben prestar los municipios en función de su población.
Según el anteproyecto de ley, las competencias sobre servicios sociales de los municipios con más de 20.000 habitantes habrán de ser asumidas por las comunidades autónomas. El CERMI señala que los municipios de población inferior también pueden prestar esos servicios si lo acuerdan voluntariamente.
En materia de accesibilidad, expone que a las administraciones locales les corresponde la aprobación de ordenanzas de accesibilidad, en desarrollo de las leyes de accesibilidad de las comunidades autónomas y de las referidas condiciones básicas de accesibilidad que se aprueben en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU).
Así, plantea que los acuerdos por los que se aprueben los planes o instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la legislación urbanística, así como cualquier expediente administrativo de autorización, serán nulos cuando incumplan dichas normas.
También mantiene que en todas las actividades de información y publicidad de las entidades locales se deben tener en cuenta las necesidades de los distintos tipos de discapacidad, garantizando su accesibilidad y la prestación de servicios inclusivos.
Por otra parte, en relación a la contratación pública, el CERMI propone que las entidades locales únicamente contratarán bienes y servicios que cumplan las normas y requerimientos técnicos en materia de accesibilidad universal y diseño para todos.
También plantea que incluirán, en los pliegos de licitaciones, cláusulas de carácter social que favorezcan el empleo de personas con discapacidad o en situación de exclusión social, y la exigencia de que las empresas obligadas acrediten que cuentan con un 2% de trabajadores con discapacidad o han adoptado las medidas alternativas correspondientes.
Además, el CERMI destaca como uno de los "grandes" retos de futuro la creación de "más amplios" procedimientos de consulta y participación de la sociedad civil en las tomas de decisiones políticas, por lo cual solicita la incorporación a todos los foros u órganos de participación a la asociación más representativa de las personas con discapacidad y de sus familias en el ámbito de la comunidad autónoma, así como que las decisiones que afecten a las personas con discapacidad deben ser objeto de consulta previa a estas asociaciones.
