Atendiendo a la invitación del Departamento que dirige Juan Carlos Campo, el CERMI ha agrupado y sistematizado las demandas más relevantes del sector social de la discapacidad en relación con el servicio público de la Justicia, para que puedan incluirse en el Plan Justicia 2030, y forma parte de la agenda de reformas que desea promover el Ministerio.

 

Los objetivos del Plan Justicia 2030 son consolidar los derechos y garantías de la ciudadanía, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio. Se trata, según el Ministerio, de un programa de medidas ambicioso con un horizonte temporal de 10 años para transformar el sistema de Justicia en un auténtico servicio público.

 

La protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad requiere de una Administración de Justicia con una regulación sustantiva alienada con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y con una estructura, servicio y procedimientos plenamente inclusivos y accesibles, en el que la discapacidad sea un factor considerado y atendido.