Con esta decisión del Gobierno, que se une y converge con los trabajos preparatorios llevados a cabo en este mismo sentido por los grupos parlamentarios en el seno de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, comienza un proceso de modificación constitucional que dotará de un contenido complemente renovado al artículo 49 de la Carta Magna, dedicado a las personas con discapacidad.

 

Sin duda, la reforma aborda el cambio de terminología, consagrando constitucionalmente la expresión “personas con discapacidad”, como corresponde según los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por España, y venía reclamando la representación abrumadora de la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, pero va mucho más allá, pues el nuevo artículo tendrá una redacción completamente renovada, acorde con el modelo social y de derechos de entender la discapacidad.

 

A juicio del CERMI, entidad que ha sido escuchada en los trabajos de confección de la iniciativa por medio de consultas y diálogo intenso con el Parlamento y el Ejecutivo, la propuesta del Gobierno, que ahora pasa a dictamen del Consejo de Estado, es un muy buen punto de partida, globalmente positivo, aunque en el proceso que ahora comienza queda recorrido de mejora, con matizaciones y ampliaciones de redacción.

 

El CERMI espera que la propuesta de modificación, en los trámites que quedan, siga contando con un amplio respaldo político y social y a la vuelta de unos meses pueda verse culminada, siendo la avanzadilla de la necesaria y más profunda reforma social que necesita la Constitución, 40 años después de su aprobación.