Así queda establecido en Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado.

 

El alcance y extensión concretos de la posición de las unidades de convivencia en cuyo seno haya una persona con discapacidad queda diferida al reglamento de desarrollo del Real Decreto-ley que habrá de aprobarse en el plazo de tres meses, pero constituirán un criterio para regular la categoría de consumidores eléctricos vulnerables a efectos de medidas protección contra la pobreza energética.

 

El CERMI pedirá participar en el proceso de elaboración de la norma de desarrollo reglamentario de este Real Decreto-ley y planteará propuestas para asegurar la mejor posición de las personas con discapacidad y de las familias en las que se incluyen.