"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
El CERMI señala los derechos económicos, sociales y culturales como horizonte de efectividad de los derechos humanos de las personas con discapacidad
Propuestas para dar cumplimiento con urgencia a las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de 2018
18/08/2019
El CERMI reclama que las recomendaciones y exigencias del Comité de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de Naciones Unidas realizadas en 2018 al Estado español sean incorporadas con urgencia a la agenda del Gobierno central, si finalmente se pone en marcha la legislatura, y a la hoja de ruta de los ejecutivos autonómicos, con el fin de avanzar hacia el horizonte de hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad.
El DESC examinó en 2018 el sexto informe periódico de España y mostró su preocupación por la persistencia de políticas y leyes en el Estado español que vulneran los derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este sentido, el CERMI destaca que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados son de obligado cumplimiento, como es el caso de este pacto , así como con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros.
Para dar cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la plataforma representativa de la discapacidad en España ha elaborado una serie de propuestas, entre las que sobresale la necesidad de reformar la Constitución para atribuir a los derechos sociales, económicos y culturales la condición de derechos fundamentales para que gocen de las mismas garantías jurisdiccionales que los derechos civiles y políticos.
De igual manera, el CERMI ve imprescindible una modificación del artículo 49 de la Carta Magna para dotar de una mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad, mencionar expresamente a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y modificar la terminología con la que el texto hace alusión a este grupo social.
La entidad también aboga por establecer un procedimiento eficaz para la ejecución de los dictámenes y las recomendaciones de los órganos de los Tratados y Convenciones del Derecho Internacional sobre derechos Humanos ratificados por el Estado español en los Tribunales internos, y, por tanto, de carácter vinculante.
REFORZAR LOS SERVICIOS SOCIALES
Por otro lado, reclama que se ponga fin a las medidas de austeridad que se decían ‘temporales’ para el contexto de crisis económica y financiera, que no han protegido el contenido mínimo del derecho y que continúan afectando de manera desproporcionada a los derechos de las personas con discapacidad. En esta línea, insta a terminar con el sistema de copago de todos los servicios necesarios para la vida independiente en la comunidad, y a que se garantice el pleno acceso a ellos por parte de las personas con discapacidad.
Asimismo, el CERMI plantea aprobar una ley estatal de vivienda para garantizar el derecho a la vivienda digna, social, asequible y accesible; actualizar y reforzar el marco normativo actual en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad; modificar la ley educativa para garantizar el derecho a la educación inclusiva; reforzar la atención temprana para menores con discapacidad; adoptar una estrategia de desinstitucionalización que apueste por el impulso de la vida independiente en comunidad con los apoyos necesarios, y garantizar el acceso en igualdad de condiciones a los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres y adolescentes con discapacidad.
Agilizar los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad; eliminar las barreras de acceso a la justicia que sufren las personas con discapacidad, y reivindicar a las personas con discapacidad como creadores de cultura y asegurar que los programas, espacios y servicios culturales sean accesibles son otras propuestas del CERMI.
LEY DE NO DISCRIMINACIÓN
Además, urge a aprobar una ley integral de no discriminación para establecer las garantías procesales, sancionadoras e institucionales necesarias para garantizar que todas las personas gocen de una igualdad real y efectiva, que haga tangible una igualdad básica en el disfrute de los derechos sociales.
La entidad pide también concluir los trabajos iniciados para modificar el Código Civil para restaurar la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad para que puedan reclamar sus derechos económicos, sociales y culturales, al tiempo que reclama que en las futuras reformas de los estatutos de autonomía los derechos económicos, sociales y culturales tengan la máxima garantía de protección.
En definitiva, el CERMI advierte de que para combatir los efectos negativos de la desigualdad en derechos humanos, es necesario dotarse de un marco exigente y actualizado en materia de no discriminación, que recoja expresamente la discriminación múltiple e interseccional, así como el carácter discriminatorio de la denegación de ajustes razonables.
