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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 18 de julio de 2014cermi.es semanal Nº 132

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

CERMIS Autonómicos

Los CERMIS Autonómicos definen sus prioridades políticas para el segundo semestre de 2014

11/07/2014

Los CERMIS Autonómicos y el CERMI Estatal han fijado como estrategia prioritaria de acción política para el segundo semestre de 2014 la de aprovechar la mejora económica que según los gobiernos se está produciendo para reparar los enormes retrocesos y recortes que las personas con discapacidad y sus familias han sufrido con la excusa de la crisis y las políticas de austeridad de las distintas administraciones.

II Jornada CERMIS Territorios 2014En este sentido, todas las plataformas, estatal y territoriales, de la discapacidad reclamarán a sus respectivos gobiernos que ha llegado el momento de reorientar la acción política para tomar medidas que compensen a las personas con discapacidad y sus familias de las pérdidas producidas en materia de derechos, inclusión y bienestar en estos últimos años, con la coartada de la crisis económica y financiera.
 
Así se ha acordado en la II Jornada CERMIS Territorios 2014, que reúne a todos los CERMIS territoriales y al CERMI Estatal para poner en común estrategias de incidencia y presión políticas, y que se ha celebrado en Madrid, en la sede la Fundación ONCE.
 
II Jornada CERMIS Territorios 2014Como cuestión más sangrante que ha de ser replanteada completamente, los CERMIS han señalado la del copago o participación de la persona usuaria en el coste del servicio, en especial en el ámbito de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que por su carácter confiscatorio y puramente recaudatorio está expulsando a las personas con discapacidad de los servicios sociales de apoyo a la inclusión.
 
Contra el copago, el CERMI Estatal ha decidido poner en marcha, a partir del verano, una iniciativa legislativa popular para lo cual recabará 500.000 firmas de ciudadanos y llevar al Parlamento español una propuesta de modificación de la Ley 39/2006, a fin de impedir que la participación en el coste sea una barrera para recibir prestaciones sociales públicas.
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