Según datos del Ministerio del Interior, dados a conocer con motivo de esta jornada europea, 26 personas con discapacidad fueron objeto de estos delitos e incidentes de odio, lo que supone un ascenso del 4 por 100, respecto del año anterior.

 

Ante este incremento, el CERMI señala la inaccesibilidad de los espacios, canales y procedimientos de denuncia, la discriminación cotidiana y estructural que soporta esta parte de la ciudadanía y la falta de empoderamiento de las personas con discapacidad para identificar los delitos de odio como factores que agravan la exposición de las personas con discapacidad a esta clase de infracciones penales.

 

A juicio del CERMI, la cifra real de delitos de odio contra personas con discapacidad debe de ser mucho mayor, pero estas dificultades objetivas impiden que muchas de estas conductas afloren y lleguen a conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de las autoridades judiciales. Hay mucho delito de odio “en el armario”, sin manifestarse ni conocerse ni registrarse.

 

Esta hostilidad de los mecanismos de denuncia y persecución supone un obstáculo a veces insalvable para que estas personas acudan a la justicia buscado castigo y reparación, cuando en muchos casos se cuestiona la credibilidad de los hechos por ser el denunciante una persona con discapacidad, produciéndose una segunda victimización.

 

Desde el CERMI se reclama el cumplimento de los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como imperativo legal que asegura la igualdad y la inclusión, así como el impulso de nuevas regulaciones legales que prevengan y castiguen adecuadamente el odio manifestado en acciones delictivas hacia grupos sociales en situación de mayor exposición e indefensión.