Esta acción formativa, centrada en los mecanismos de actuación de los profesionales jurídicos en el caso de personas con posible causa de modificación de la capacidad y algunos aspectos fiscales de la protección patrimonial de las personas con discapacidad, contó con la intervención de Cristóbal Fábrega, Fiscal de la Audiencia Provincial de Jaén y Carlos de Pablo, Catedrático acreditado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cantabria.

 

Por su parte en la mesa inaugural intervinieron, Jesús Pellón, Decano del Colegio de Abogados, Mar Arruti, Presidenta de CERMI Cantabria y Antonio Ruiz, Presidente de la Fundación Tutelar Cantabria. En su presentación todos destacaron la importancia de potenciar y favorecer espacios para la formación de los letrados en un ámbito tan específico como el de la discapacidad. “Es esencial que los abogados tengamos la mejor capacitación, dada la singularidad del tema, para poder asesorar convenientemente a las personas”, matizó Jesús Pellón, quien también anunció que se realizarán nuevas acciones formativas sobre esta materia y que se trabajará para generar una especialidad sobre discapacidad en el turno de oficio “como ya existe para violencia de género, extranjería, etc.”.

 

En este punto, es esencial el trabajo en red al que aludía Mar Arruti en su intervención, recordando el convenio de colaboración suscrito por estas entidades y que tiene en este curso una de sus primeras plasmaciones prácticas. Por su parte, Antonio Ruiz, ahondó en el proceso de transformación de la Fundación Tutelar Cantabria hacia una fundación de defensa de los derechos de las personas con discapacidad “que necesita del impulso y la colaboración de profesionales y expertos del ámbito jurídico”.

 

Entre las ponencias que se pronunciaron a continuación, la de Cristóbal Fábrega, Fiscal de la Audiencia de Jaén, aludió a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad como marco de protección jurídica de las personas y fue claro en su discurso, afirmando, entre otras cosas que “la protección jurídica de las personas con discapacidad no es equivalente a su incapacitación en un proceso judicial”, ”las personas con discapacidad tienen que estar jurídicamente protegidas, pero no judicialmente incapacitadas” y “ahora ya no hablamos de personas capaces o incapaces; ahora solo hay personas capaces que quizá precisen determinados apoyos puntuales en determinados aspectos de su vida”. Igualmente abogó por la búsqueda de nuevas vías, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, (Teoría de la doble vía) que den respuesta a las necesidades de cada persona en un momento puntual, y de acuerdo a las características y contextos de vida de cada persona con discapacidad. "Hay muchos casos en los que tenemos que trabajar y comprometernos para hacer trajes a medida en cada causa”.

 

Posteriormente, Carlos de Pablo, analizó los aspectos fiscales de la protección patrimonial de las personas con discapacidad, planes de pensiones, seguros de vida, herencias... con especial referencia a los patrimonios protegidos, destacando las ventajas y desventajas de cada una de las fórmulas a adoptar. “No hay una respuesta unívoca sobre cuál es la fórmula más adecuada para las personas con discapacidad” concluyó, por lo que se hace necesario estudiar cada situación individual a fondo.