Según explica el CERMI, “con esta consignación presupuestaria expresa, a través de subvenciones nominativas, se salva para el año próximo parte de la financiación de las organizaciones sociales de carácter estatal, tras la sentencia reciente del Tribunal Supremo que anulaba el régimen vigente desde 2013, lo cual dejaba en absoluto riesgo a estas entidades en lo referido a su continuidad y su labor social de atención a grupos excluidos”.

 

A juicio del Comité, esta decisión para el ejercicio 2016, promovida desde el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ofrece una salida provisional al enorme problema causado por la resolución judicial citada, mientras se busca una solución jurídica permanente y definitiva, que dote de seguridad al marco de apoyos del Estado a las organizaciones sociales.

 

“La dimensión estatal de la solidaridad social a través de la acción de la sociedad civil organizada ha de disponer de un régimen de ayudas de carácter nacional que garantice la igualdad con independencia de dónde se resida”, concluye el CERMI.