Desde 2013, explica el Comité en un documento, el Comité de Bioética del Consejo de Europa trabaja en la elaboración de un nuevo protocolo adicional al Convenio de Oviedo, dedicado a los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales, con respecto a los internamientos y tratamientos involuntarios.

 

Y añade que, si bien este instrumento tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, ha contado con la oposición tanto de los colectivos afectados como de las organizaciones intergubernamentales dedicadas a la discapacidad, entre los que destaca la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

 

Ante esa situación, el Gobierno solicitó al Comité de Bioética de España una valoración de ese borrador de protocolo adicional.

 

El Comité aprobó por unanimidad el informe que responde a dicha solicitud con una postura clara: Que no se respalde el borrador de protocolo adicional, por entender que se separa de los principios de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y "consagra una discriminación de trato en función de la discapacidad psicosocial".

 

Y en coherencia con esta posición, el Comité propone que se modifique la legislación española en esta materia por otra que garantice la no discriminación de las personas con discapacidad psicosocial.

 

Tras un análisis del contenido del borrador y de las posiciones adoptadas en la comunidad internacional y en España sobre el mismo, el Comité de Bioética español ha hecho varias recomendaciones al Ejecutivo.

 

Así, le insta a "impulsar una reforma legislativa para derogar las normas que permiten los internamientos involuntarios de las personas con discapacidad" y que esa "limitación excepcional de la dignidad y libertad de las personas" quede circunscrita a un régimen general, al margen de la presencia o no de discapacidad en el individuo.

 

El Comité considera que, en la toma de decisión por razones de salud sobre el internamiento y tratamiento involuntarios, la discapacidad del sujeto no puede resultar un criterio a atender y no puede justificar "en ningún caso" por sí solo una privación de libertad.

 

También le pide al Gobierno que promueva una política de salud, "específicamente de salud mental", centrada en la persona y en dotarla de los apoyos necesarios para que pueda consentir libremente sobre sus cuidados de salud, e integrarse plenamente en la comunidad.

 

"Una atención especial deberá prestarse a sus familias y a las personas que integran sus entornos de confianza", considera este órgano colegiado adscrito al Ministerio de Sanidad.

 

También le pide al Gobierno que defienda en las reuniones del Comité de Bioética del Consejo de Europa la necesidad de reorientar los esfuerzos dirigidos a proteger los derechos de las personas con discapacidad psicosocial.

 

El problema no está -considera el Comité- en que algunos Estados no cuentan con suficientes garantías a la hora de adoptar medidas involuntarias, si no es que "esas medidas violan un buen número de derechos de las personas con discapacidad psicosocial por su carácter discriminatorio".

 

Unas medidas que, según el Comité, deben ser adoptadas con la participación del CERMI y, en general, de los colectivos de personas con discapacidad.

 

"Y sería deseable que, en esta materia tan directamente relacionada con los derechos humanos, tanto las políticas y normas que se aprueben cuenten con un amplio consenso, en la medida de lo posible, para que no queden a merced de las mayorías políticas del momento, concluye.

 

(Fuente: Agencia EFE)