"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Inclusión educativa
El Congreso aprueba destinar a la educación de personas con discapacidad el dinero de cuentas bancarias abandonadas
18/06/2015
La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados aprobó este jueves, con competencia legislativa plena, la reforma de la Ley sobre Reutilización de la Información del Sector Público, con el fin de incorporar las novedades al respecto que introduce una directiva comunitaria de 2013.
Este efectivo y estos saldos se destinarán a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad.
La gestión, administración y explotación de otros bienes que se encuentren en la misma situación corresponderá a la Dirección General del Patrimonio del Estado, que podrá enajenarlos por el procedimiento que estime más adecuado.
El Estado desarrollará a través del Real Patronato sobre Discapacidad un programa dirigido a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad, con especial atención a los aspectos relacionados con su desarrollo profesional y a la innovación y la investigación aplicadas a estas políticas, a través de ayudas directas a los beneficiarios.
En la concesión de estas ayudas se tendrán en cuenta especialmente las necesidades de los solicitantes, así como su idoneidad para obtener el mayor aprovechamiento posible en términos de vida autónoma, participación social e inclusión en la comunidad.
Esta medida había sido planteada por el CERMI al Gobierno, como forma de aflorar más recursos económicos para acciones en favor de la inclusion de personas con discapacidad, lo que finalmente fue aceptado por el Ejecutivo y traducido en esta modificación legal.
El PP ha introducido una modificación de última hora respecto a la financiación del programa, y ahora los saldos de las cuentas se aplicarán a un concepto específico del Presupuesto de Ingresos del Estado, pudiendo generar crédito en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con destino al Real Patronato sobre Discapacidad para financiar el desarrollo del ‘Programa para la Mejora de Condiciones Educativas de las Personas con Discapacidad’.
En la anterior redacción, se recogía que este programa se financiaría mediante la puesta a disposición del organismo, a través de una operación de tesorería, de los ingresos de los saldos de las cuentas abandonadas.
La portavoz de CiU en el debate de la norma, María Carme Savós i Montilla, señaló que esta enmienda busca “lavar la cara al Gobierno”, que no cumple con la Ley de Dependencia.
Así, dio la “bienvenida” a que los fondos abandonados en cuentas bancarias se destinen a un fin social, aunque reclamó que tendrían ir destinados a las comunidades autónomas para el desarrollo de la Ley de Dependencia.
A la norma, que ahora pasará al Senado para proseguir con su tramitación, se han incorporado un total de ocho enmiendas, cinco de ellas del PP, dos del PSOE y una de UpyD.
El diputado del PP Antonio Vázquez explicó que se han estudiado “cuidadosamente” todas las enmiendas de la oposición, pero que la mayoría no se podían incorporar porque presentaban fallos técnicos, por el criterio contrario del Consejo de Estado o porque eran temas competencia de otras leyes.
Reutilización
Desde el Ejecutivo han explicado que el término reutilización se refiere al uso de documentos en poder de las administraciones y organismos públicos que pueden utilizar personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, fuera de la actividad administrativa pública. Así, queda excluido de este concepto el intercambio de documentos entre administraciones.
Entre las novedades que se introducen en la reforma se encuentra la extensión de la reutilización de información del sector público a tres tipos de instituciones culturales: bibliotecas, archivos y museos.
También se establece que, si se aplica una tarifa por la reutilización de documentos, debe limitarse a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, puesta a disposición o difusión.
Además, se fomenta el uso de licencias abiertas, imponiendo las mínimas restricciones posibles sobre la reutilización.
Por otra parte, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en coordinación con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, presentará cada tres años a la Comisión Europea un informe sobre la información disponible del sector público para su reutilización.
Además, al margen del contenido de la directiva comunitaria, se incorpora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al proceso de reutilización de la información, con un banco de datos específico en el caso de realización de encuestas cuantitativas.
