"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
El Congreso aprueba por unanimidad instar al Gobierno a que los litigios en materia de dependencia sean conocidos por la jurisdicción social
09/03/2017
La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por unanimidad, con 36 votos a favor, una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para que los litigios en materia de dependencia sean conocidos por la jurisdicción social.
Esta iniciativa, que responde a una demanda del CERMI, insta al Gobierno "a realizar todas las acciones necesarias para que las controversias relativas a la valoración, el reconocimiento y la calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, queden definitivamente atribuidas a la jurisdicción social".
Ley de 2011
En ella se indica que el hecho de que las controversias judiciales sobre autonomía personal y dependencia estén atribuidas actualmente a la jurisdicción contencioso-administrativa, "más formalista, lenta y gravosa que la social", entorpece la protección judicial del derecho subjetivo resultante de la Ley de Dependencia.
La vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, aprobada en el año 2011, atribuye a esta jurisdicción los litigios relacionados con la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, pero aplazó el momento de su aplicación efectiva a lo que dispusiera una ley que el Gobierno debería remitir a las Cortes tres años después de su promulgación.
A juicio del CERMI, transcurridos esos tres años, que se cumplieron en diciembre en 2014, "es el momento de que el Ejecutivo remita ese proyecto de ley al Parlamento, de modo que los asuntos relativos a la dependencia sean competencia real de la jurisdicción social".
La diputada del PP María Dolores Alba, que fue la encargada de defender esta proposición, expresó su deseo de que esta iniciativa contase con el apoyo del resto de grupos parlamentarios e hizo hincapié en que su partido “está firmemente comprometido con temas sociales y con la discapacidad”.
“Mucho tiempo esperando”
En cuanto al resto de grupos parlamentarios, todos coincidieron en la necesidad de que se lleve a cabo esta medida, aunque criticaron el “retraso” y la “inacción del Gobierno” para poner fin a este problema al que se enfrentan las personas en situación de dependencia.
El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Luis Carlos Sahuquillo denunció las 350.000 personas que se encuentran actualmente en el limbo de la dependencia, así como las 150.000 personas que murieron antes de percibir las prestaciones y servicios que tenían reconocidos e incluyó una enmienda por la que se fija un plazo de seis meses para la elaboración de un proyecto de ley que regule la inmediata entrada en vigor de la atribución de competencias.
Por su parte, la diputada del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Ana Belén Terrón criticó que el Gobierno “ha condenado a la indefensión” a las personas en situación de dependencia y le pidió que “hagan su trabajo”, en referencia a que dejen de instar al Gobierno que ellos mismos forman y “desarrollen leyes” y las cumplan.
Por último, el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Joan Olòriz celebró que, “por suerte”, el CERMI “les recuerda las leyes que se aprobaron” y manifestó que “estaremos vigilantes” de que esta medida se cumple y no se genera ningún problema en los juzgados.
