El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los diputados, Ignacio Tremiño, fue el encargado de defender esta proposición que viene motivada por la reforma del Código Civil que implicó la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que establece que "si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”.

 

Tremiño, que se desplaza en silla de ruedas y tuvo que defender la iniciativa desde el centro del hemiciclo, puesto que no pudo acceder a la tribuna de oradores al no ser accesible, explicó que para evitar los problemas interpretativos que generó esa modificación legislativa se aprobó el 23 de diciembre de 2016 una resolución del director general de Registros y Notariado que establece que el dictamen médico solo será necesario cuando la discapacidad afecte "sustancialmente" a la prestación del consentimiento por parte del contrayente.

 

Sin embargo, el diputado del PP señaló que continúa siendo necesario “modificar la ley con el fin de suprimir las posibles restricciones legales” y de esta manera “reforzar la protección de las personas con discapacidad”.

 

La iniciativa persigue que la presentación del dictamen médico solo sea necesario “en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes prestare alguna condición de salud que de modo evidente, categórico y sustancial pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial”, de manera que hace mención a cuestiones de salud y no de discapacidad.

 

En ese caso, antes de tener que solicitar un dictamen médico, la ley establece una serie de medidas de apoyo, de forma que “el letrado de la Administración de Justicia, el notario o el funcionario pueda recabar, si así lo considera, de las administraciones o de las entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad apoyos humanos, técnicos o materiales que faciliten la emisión, la interpretación o la recepción del consentimiento por parte del contrayente”.

 

De esta manera, Tremiño manifestó que “atendemos la demanda de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad” y “conseguimos acabar con la discriminación histórica que han padecido las personas con discapacidad intelectual”.

 

Los grupos de la oposición se mostraron de acuerdo con la tramitación de la proposición de ley, pero indicaron que esta “chapuza legislativa” tiene su origen en el “rodillo parlamentario” que, a su juicio, aplicó el Gobierno.

 

 

El diputado del PSOE Juan Ruiz i Carbonell celebró que el PP haya decidido “dar marcha atrás”, pero echó en falta una explicación sobre “por qué había que introducir la exigencia de un certificado médico”.

 

En este sentido, el diputado del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Jaume Moya afirmó que la modificación del Código Civil “es contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU” y criticó su “carácter paternalista e intervencionista”.

 

El diputado de Ciudadanos Marcial Gómez indicó que la situación que generó aquella reforma legislativa está en trámite de ser solucionada gracias también a la intervención del CERMI y las "arduas" negociaciones que ha mantenido con el Gobierno.

 

Por su parte, los diputados Ester Capella i Farré, Mikel Legarda y Enric Bataller, de Esquerra Republicana de Catalunya, PNV y Compromís, respectivamente, le pidieron al Partido Popular una “mayor responsabilidad” si vuelven a tener mayoría absoluta en el futuro.

 

Por último, la diputada del PDECat Lourdes Ciuró i Buldó denunció que las personas ciegas necesiten testigos a la hora de realizar un acto de voluntad, algo que es “privado” y existen herramientas para que no sea necesario y adelantó su intención de presentar una enmienda para solucionarlo.