"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Derecho de la Discapacidad
Directiva sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, y otras novedades
11/02/2022
En la Sección Derecho de la Discapacidad de esta semana incluimos un monográfico sobre la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, escrito por Elisa Jiménez Artacho, Consultora Jurídica especializada en Derecho de la Discapacidad. Además, contamos con los apartados habituales en normativa aprobada y en tramitación en personas con discapacidad y la actualización de la agenda de jornadas y seminarios y recientes que pueden ser de interés para los lectores.
Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios
Elisa Jiménez Artacho, consultora Jurídica especializada en Derecho de la Discapacidad
La Directiva 2019/882 (también conocida como el Acta Europea de Accesibilidad) tiene como objetivos principales armonizar los requisitos de accesibilidad para determinados productos y servicios, en búsqueda del buen funcionamiento del mercado interno de la Unión Europea. A través de la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en este aspecto, se quiere contribuir a eliminar y evitando obstáculos existentes en este ámbito.
La demanda de productos y servicios accesibles es cada vez mayor, al igual que se prevé un incremento del número de personas con discapacidad. La conclusión de la combinación de ambos factores es la necesidad de adaptación de productos y servicios para que todas las personas puedan desempeñar sus vidas en igualdad de condiciones. Un entorno en el que los productos y servicios son más accesibles permite que la sociedad sea más inclusiva y facilita a su vez la vida autónoma de las personas con discapacidad.
La problemática se plantea principalmente en que, debido a las diferencias entre los requisitos de accesibilidad nacionales (e incluso regionales o locales), los agentes económicos son reacios a aventurarse en nuevos proyectos empresariales fuera de los mercados de sus países, afectando a la competitividad y al crecimiento. Las medidas de la Directiva, por tanto, beneficiarán no solo a las personas con discapacidad sino también a los agentes económicos aclarando la actual obligación de accesibilidad del Derecho de la UE y en la adjudicación de contratos públicos y fondos estructurales.
PUNTOS PRINCIPALES
1. Productos y servicios sobre los que será aplicable
La Directiva 2019/882 establece un listado de productos y servicios sobre los que serán aplicables estas disposiciones siempre y cuando sean introducidos en el mercado o prestados a los consumidores con posterioridad al 28 de junio de 2025.
Los productos a los que se refieren son:
a. Equipos informáticos de uso general de consumo y sus correspondientes sistemas operativos;
b. Terminales de autoservicio como terminales de pago, cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes, máquinas de facturación, terminales de autoservicio que faciliten información; teléfonos inteligentes y otros equipos para acceder a servicios de telecomunicación;
c. Equipos de televisión con servicios de televisión digital;
d. Lectores electrónicos.
En cuanto a los servicios, se encuentran relacionados con los productos anteriores y son referidos a:
e. Servicios de comunicaciones electrónicas;
f. Servicios para acceder a los servicios de comunicación audiovisual;
g. Determinados elementos de los servicios de transporte aéreo, por autobús, por ferrocarril y por vías navegables, como sitios web, servicios móviles, billetes electrónicos o información;
h. Servicios bancarios para consumidores;
i. Libros electrónicos y sus programas especializados;
También son aplicables las exigencias de accesibilidad en las respuestas de comunicaciones de emergencia al número único europeo de emergencia “112”.
Por otra parte, se contemplan la excepción en la aplicación de la legislación a:
- Contenidos multimedia pregrabados de base temporal, como vídeos y diapositivas o formatos de archivo de ofimática, publicados antes del 28 de junio de 2025;
- Mapas en línea, cuando la información esencial se proporcione de manera accesible digitalmente;
- Sitios web y otras formas de archivos que contengan contenidos que no se actualizan ni editan después del 28 de junio de 2025;
- Microempresas que presten servicios.
Los requisitos que han de ser cumplidos para la introducción en el mercado de productos y para la prestación de servicios, se encuentran clasificados en los Anexos de la Directiva en virtud de la clasificación del producto o servicio en cuestión
Las obligaciones derivadas de la exigencia del cumplimiento de la legislación recaen sobre los distintos agentes económicos que guardan relación con los productos (fabricantes, representantes autorizados, importadores, distribuidores) y a los prestadores de servicios.
2. Obligaciones de los Estados miembros de la UE
Recae sobre los Estados miembros una serie de obligaciones entre los que se encuentra:
- Garantizar que todos los productos y servicios cubiertos por la legislación cumplan los requisitos de accesibilidad;
- Ofrecer al público, previa petición, información sobre cómo aplican las empresas los requisitos;
- Aplicar y actualizar los procedimientos para:
o comprobar la conformidad de los servicios con la Directiva,
o realizar un seguimiento de las quejas o los informes sobre no conformidad,
o verificar que la empresa haya adoptado las medidas correctoras necesarias;
- Ofrecer vías, incluida la acción legal, para garantizar el cumplimiento y sanciones por el incumplimiento de la legislación.
3. Plazos relevantes
Los Estados miembros tienen un plazo de adoptación y publicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva de hasta el 28 de junio de 2022. La aplicación de las disposiciones, como plazo general, se establece a partir del 28 de junio de 2025. Sin embargo, los países de la UE pueden:
- Establecer un periodo transitorio de cinco años adicionales, hasta el 28 de junio de 2030, a los prestadores de servicios cuyas instalaciones ya se utilizaban legalmente antes del 28 de junio de 2025;
- Permitir que los contratos de servicios celebrados antes del 28 de junio de 2025 continúen sin cambios hasta su expiración, pero sin superar una duración de cinco años a partir de dicha fecha.
- Permitir que las terminales de autoservicio utilizados legalmente antes del 28 de junio de 2025 se utilicen hasta el final de su vida útil desde el punto de vista económico, aunque sin superar los veinte años después de su puesta en funcionamiento.
- Retrasar el cumplimiento relativo al número europeo de emergencia 112 hasta el 28 de junio de 2027;
SITUACIÓN ESPAÑOLA
Además de la exigencia establecida por la propia Directiva acerca de la adopción y publicación de las disposiciones pertinentes, en mayo de 2019, el Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, recomendó a España, (punto. 17), que adoptaran “todas las medidas legislativas y presupuestarias necesarias para garantizar la accesibilidad en todas las esferas, lo que incluye los edificios y las instalaciones abiertos al público o de uso público, como los servicios de transporte y los servicios de información y comunicaciones”. La transposición de esta norma, además de cumplir con el requerimiento de la propia Directiva, contribuiría al cumplimiento de la recomendación del propio Comité.
A pesar de la amplia legislación en nuestro país acerca de la accesibilidad, los productos y servicios específicos objeto de esta Directiva y los requisitos de accesibilidad a alcanzar, no se encuentran plenamente desarrollados hoy en día.
PRONUNCIAMIENTOS AL RESPECTO
El CERMI se manifestó tras la publicación del texto definitivo de la Directiva, incidiendo en que ofrece unos resultados poco ambiciosos y que, además, contiene un listado de servicios insuficientes, dejando fuera del nuevo paraguas legal productos y servicios de gran relevancia. A su vez, la entidad critica que los bienes y servicios que sí están dentro de la Directiva se puedan acoger a excepciones injustificables, al tiempo que lamenta que los plazos establecidos para la transposición son muy largos, dejando a la voluntad de cada país la decisión sobre cómo implantar las obligaciones legales de la Directiva.
El pasado 27 de enero, el CERMI exigió durante el seminario virtual 'La transposición al Derecho interno de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 de accesibilidad a productos y servicios' que se proceda sin dilación a su transposición.
Normativa en tramitación
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Congreso que la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, en trámite en estos momentos en la Cámara Baja, eleve significativamente las obligaciones de accesibilidad de los operadores televisivos, en especial, en materia de interpretación en lengua de signos y audiodescripción, además de mejorar las cuotas legales de subtitulación, así como la calidad de todas las medidas de accesibilidad.
Así lo ha propuesto el CERMI en el documento de enmiendas de mejora presentado a los grupos parlamentarios en relación con el Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que sustituirá la legislación vigente en la materia desde el año 2010.
Para la plataforma cívica de la discapacidad, las exigencias legales actuales a propósito de la interpretación en lengua de signos y la audiodescripción son ínfimas, y deben ser incrementadas de forma muy notable para asegurar que ninguna persona con discapacidad sensorial quede fuera de los contenidos audiovisuales.
Aparte de las cuestiones cuantitativas, la nueva Ley, según el CERMI, debe regular aspectos cualitativos, relacionados con la calidad de los medios y medidas de accesibilidad, para que los usuarios de los servicios televisivos accedan plena y satisfactoriamente a los contenidos audiovisuales.
Otro elemento planteado por el CERMI que debe recoger la reforma audiovisual es garantizar la continuidad de la accesibilidad de los contenidos, más allá del canal de emisión o puesta a disposición del público, ya sea señal televisiva en abierto, bajo demanda, a la carta, internet o a través de aplicaciones.
Normativa aprobada
-Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil (BOE de 02/02/2022). Este Real Decreto tiene por objeto establecer la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa de Educación Infantil, en particular, las competencias clave y las competencias específicas de las áreas en que se dividen sus contenidos educativos, con especial atención a la inclusión del alumnado con discapacidad, teniendo en cuenta las posibles necesidades específicas de dicho alumnado, como se señala a lo largo de las competencias recogidas en la norma.
Jornadas y seminarios
Del 23 al 25 de febrero de 2022. Conferencia Zero Proyect 2022. Su objetivo es identificar, seleccionar y compartir prácticas y políticas innovadoras tal y como prevé el art. 32 de la CDPD de la ONU. Se trata de una red intersectorial mundial de innovadores, expertos y líderes de más de 180 países. Las investigaciones versan sobre empleo, accesibilidad, vida independiente y participación política/educación.
4 y 5 de marzo de 2022. 32 Jornadas de Fisioterapia. “Envejecer con salud”. Organizadas por la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE. Contarán con la presencia de expertos en los diferentes ámbitos de la Fisioterapia relacionada con el envejecimiento, así como en biología celular, medicina, nutrición, etc. Se pretende abordar al paciente geriátrico y dar una visión del proceso de envejecimiento.
Del 16 al 18 de marzo 2022 XI Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre personas con Discapacidad “Calidad de Vida y Apoyos: el Poder de la Evidencia”. Salamanca, presencial y online. Foro de encuentro y discusión de carácter pluridisciplinar y abierto a los profesionales que trabajan e investigan en el campo de la educación, servicios sociales y salud. En él se difundirán los avances en el conocimiento científico e innovaciones en el ámbito de la discapacidad. Pretende fomentar el desarrollo y transferencia de investigación y prácticas profesionales y organizacionales basadas en evidencias y proponer líneas de investigación futura.
12 cursos online gratuitos organizados por Plena Inclusión: Educación inclusiva, ética para valientes, apoyo conductual positivo, currículo multinivel, diseño universal de aprendizaje, voluntariado en entidades de Plena Inclusión, Participación social, atención temprana, lectura fácil, apoyo activo, discapacidad intelectual y del desarrollo, coproducción, calidad de vida de familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Premios
Hasta el 14 de marzo de 2022. III Edición Aceleradora Fundación Once. La Fundación ONCE ha lanzado esta nueva edición que apoya emprendimientos sociales que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad. La iniciativa se desarrolla en colaboración con PwC y pondrá a disposición de los participantes un proceso de aceleración y asesoramiento en diversas materias para favorecer su crecimiento. En esta ocasión se acelerarán tanto proyectos en fase de producto mínimo viable como startups con cierto recorrido en el mercado. Las características y plazos serán diferentes para cada una de estas dos posibilidades.
Hasta el 8 de abril 2022. V Premios de Diversidad e Inclusión convocados por La Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad. Su fin es reconocer las estrategias, visiones e iniciativas empresariales más destacadas e innovadoras y con mayor impacto social y corporativo en la gestión de la diversidad.
Hasta el 3 de junio 2022. XVIII Edición Premio FIAPAS 2022. La Confederación Española de Personas Sordas (FIAPAS) convoca este premio al que podrán optar todos los profesionales cualificados con ámbito de dedicación en España, así como asociaciones o entidades que realicen trabajos de investigación o de aplicación que versen sobre sanidad, educación o accesibilidad y que repercutan en favor de las personas con discapacidad auditiva.
Publicaciones
En el marco de los Foros profesionales, convocados a través de proyecto de Apoyo al Movimiento Asociativo de la FEP, se han creado 5 protocolos para la atención a las personas con párkinson en las áreas profesionales de Trabajo Social, Psicología Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional. Tras varios años de trabajo, estos documentos recogen una estandarización en los procesos de atención a las personas con párkinson en las asociaciones, garantizando así su abordaje integral y equitativo en todo el territorio nacional.
López, M. V, (Coord.) Protocolo de Trabajo Social en la enfermedad de Parkinson. Madrid, Federación Española de Parkinson, Real Patronato sobre Discapacidad, 2021, 70p.
Núñez, F. Lucas-Torres, D (Coords.) Protocolo de Terapia Ocupacional en la enfermedad de Parkinson. Madrid, Federación Española de Parkinson, Real Patronato sobre Discapacidad, 2021, 55p.
Agudo, C., Moreno L. (Coords.) Protocolo de Psicología en la enfermedad de Parkinson. Madrid, Federación Española de Parkinson, Real Patronato sobre Discapacidad, 2021, 61p.
García, S. Nieto, J. (Coords.) Protocolo de Fisioterapia en la enfermedad de Parkinson. Madrid, Federación Española de Parkinson, Real Patronato sobre Discapacidad, 2021, 36 p.
Agudo, C. Moreno, L (Coords.) Protocolo de Logopedia en la enfermedad de Parkinson. Madrid, Federación Española de Parkinson, Real Patronato sobre Discapacidad, 2021, 72 p.
Se puede acceder a todos ellos a través del siguiente link:
Dirección de la Sección Derecho de la Discapacidad de Cermi.es
Rafael de Lorenzo García, profesor Titular de la UNED y secretario general de Fundación Derecho y Discapacidad
Autores
Elisa Jiménez Artacho, consultora Jurídica especializada en Derecho de la Discapacidad
Antonio Galiano Barajas, coordinador General Adjunto de la Fundación Derecho y Discapacidad y Responsable jurídico del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona
Mariana Samaniego, asociada Principal en J&A Garrigues.
Elva Rodríguez Ruiz, profesora titular del CSEU La Salle, abogada del despacho Antonio Navarro Rubio & Asociados y colaboradora de la Fundación Derecho y Discapacidad.
