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viernes, 26 de abril de 2013cermi.es semanal Nº 76

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

CERMIS Autonómicos

En viviendas de personas con discapacidad

El CERMI Comunidad de Madrid firma un acuerdo para mejorar la seguridad de las calderas

23/04/2013

El CERMI Comunidad de Madrid impulsará medidas para mejorar la seguridad de las instalaciones de gas de los inmuebles de personas en riesgo de exclusión social, entre las que se encuentran aquellas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social, según lo estipulado en un convenio de colaboración rubricado por el Comité, así como por las Consejerías de Hacienda y Asuntos Sociales de la Comunidad, la Asociación de Empresarios de Fontanería, Saneamiento, Gas y Calefacción de Madrid (Asefosam), Cruz Roja y la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor por Agua Caliente (Fegeca).

El acuerdo, mediante el que las mencionadas entidades se comprometen a promover activamente acciones para mejorar el nivel de seguridad y bienestar de los ciudadanos con escasos recursos económicos, pretende facilitar que las personas con discapacidad que atraviesen dificultades económicas, así como los ciudadanos en riesgo de exclusión social, sustituyan “las instalaciones receptoras de gas” en caso de que presenten deterioro, con el fin de aumentar tanto la seguridad de las mismas como su eficacia y eficiencia energética.

Para ello, quienes deseen acogerse a este plan, deberán acreditar que sus ingresos económicos “no superan al 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)”.

Mediante el convenio suscrito por el CERMI Comunidad de Madrid, junto con las entidades restantes, la Consejería de Asuntos Sociales se compromete a facilitar a los instaladores los datos de los domicilios objeto de revisión, previa solicitud de las personas interesadas a la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Estas viviendas, a todos los efectos, serán consideradas como de “acción prioritaria”. Asimismo, Cruz Roja y el Comité se pondrán en contacto con todos aquellos usuarios que consten en sus bases de datos y que sean susceptibles de poder acogerse a este plan.

Por su parte, Asefosam, en el marco del citado acuerdo, será la encargada de realizar un total de 300 revisiones gratuitas de instalaciones receptoras de gas, a través de una red de instaladores solidarios, que vigilarán que las instalaciones cumplan la normativa vigente y no supongan peligro alguno. En el caso de que se encuentren con calderas de gas deterioradas (por antigüedad o por uso), cambiarán los aparatos peligrosos por otros nuevos (donados por seis firmas: Ariston, Baxi, Ferroli, Fagor, Vaillant Sunier Duval y Junkers).

Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda será la encargada, según estipula el convenio, de brindar apoyo, a través de su personal técnico, en las revisiones, además de controlar los controles y la sustitución de calderas y de intermediar con las mencionadas firmas y empresas para lograr la donación de un total 100 calentadores estancos para renovar aquellos que supongan peligro alguno (acción en la que colaborará también Fegeca).

Para evaluar todos aquellos problemas que puedan surgir en el cumplimiento del convenio, así como su adecuado desarrollo, se creará una Comisión Técnica Mixta.

El acuerdo, que entró en vigor el pasado 23 de abril y cuya vigencia finalizará a finales de año, fue firmado por el presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font; por el consejero de Economía, Enrique Ossorio; el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel; el presidente de Asefosam, José María de la Fuente; el presidente de Cruz Roja Madrid, Jesús María Mora; y el presidente de Fegeca, Miguel Cervera.

Durante el acto de la firma del acuerdo Javier Font reiteró que “se trata de un convenio que mejorará la seguridad y el nivel de vida de las personas más vulnerables” y que “la Administración, cuando quiere apoyar iniciativas interesantes y productivas, lo hace”. Por su parte, el consejero de Economía, Enrique Ossorio, indicó que “el acuerdo nace fruto del consenso entre entidades y Administración para mejorar la calidad de vida y la seguridad de los más desfavorecidos”.

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