Camarero realizó este anuncio en la apertura de una Jornada sobre empleo público y discapacidad organizada por el CERMI y el sindicato CSI-F, y agregó que "esta iniciativa de sensibilización buscará dar mayor calidad y seguridad en el empleo a las propias personas con discapacidad".

 

La responsable de Asuntos Sociales remarcó que su departamento no sólo pretende favorecer que las personas con discapacidad accedan a puestos de trabajo, sino también desarrollar "políticas públicas que contemplen todas las fases y matices del proceso: la selección, la carrera profesional, la formación en el puesto de trabajo, la seguridad y salud laboral, la conciliación, la accesibilidad plena de estos trabajadores y la discapacidad sobrevenida".

 

En este sentido, Camarero abogó por "atender y dar respuesta a nuevas necesidades y a nuevas demandas para que sea una realidad la inclusión de los empleados con capacidades diferentes".

 

Aunque España es un país que es referente en la aplicación de las políticas de apoyo, protección, inclusión e integración de las personas con discapacidad, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad reconoció que aún queda "mucho camino que recorrer", y por ello, "hay que dar un paso más para ser capaces de mejorar las condiciones de trabajo y la carrera profesional" de las personas con discapacidad. Se aseguraría así un "éxito efectivo" de la inclusión laboral de estos empleados públicos. "No sólo hay que franquear la entrada a la casa, sino que ésta ha de ser habitable", explicó.

 

Camarero aportó datos para ilustrar que se está avanzando ya en la dirección adecuada: la contratación a personas con discapacidad ha aumentado un 20% al cabo del primer semestre de 2014, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Desde 2011, además, las ofertas de empleo de las administraciones públicas reservan un cupo de al menos el 7% de las vacantes, entre las que el 2% han de recaer en personas con discapacidad, y esto, recordó Camarero, es "algo" que "durante muchos años se ha estado incumpliendo de manera sistemática".

 

 

Por otra parte, la oferta de empleo público para 2014 reserva un total de 174 plazas para personas con discapacidad, y de ellas 46 irían destinadas a personas con discapacidad intelectual, por lo que sus contenidos y exámenes se adaptarían convenientemente.

 

Sin embargo, las tasas de actividad entre las personas de este grupo poblacional son bajas respecto a las del resto, y ello, en consecuencia, convierte en factor de "vital importancia" la adaptación y la accesibilidad.

 

La secretaria de Estado, asimismo, destacó la labor que entidades como CERMI o la ONCE desempeñan en la promoción del empleo público.