En una comparecencia ante la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Protección Civil reunida hoy, el CERMI ha recordado que en España no se dispone de un operativo de accesibilidad común en todos los territorios, ya que este servicio se presta desde las Comunidades Autónomas.

 

En algunas de ellas se han habilitado sistemas en los que las personas con discapacidad auditiva se registran y pueden enviar mensajes de texto en caso de emergencia, pero si salen del territorio de la Comunidad en la que se han registrado ya no les es posible realizar dicha llamada de emergencia.

 

 

El servicio en muchos casos tampoco incorpora la posibilidad de poder comunicarse a través de lengua de signos, a personas sordas usuarias de esta lengua.

 

No garantizar la accesibilidad de este servicio implica dejar fuera de la protección, y por tanto en una situación de emergencia permanente a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas comprometiendo su integridad y su seguridad.

 

En la reunión han participado entre otros Jesús Martín Blanco, delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad, y Alberto Herrera, director general de Emergencias y Protección Civil, así como representantes de en materia de emergencias de las Comunidades autónomas.

 

El representante del CERMI, Martín Blanco, ha señalado la imperatividad de los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de  las Personas con Discapacidad, que en su artículo 11 hace un llamamiento a los Estados para que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo. Se trata, añadió, de un Tratado ratificado por España y que forma parte del ordenamiento jurídico interno y respecto del cual tienen obligaciones todas las administraciones públicas.

 

Asimismo, ha recordado que en 2011, el Parlamento Europeo realizó una declaración en la que apeló a la Comisión para que presentara propuestas legislativas y de estandarización para hacer completamente accesibles los servicios del 112 a toda la ciudadanía; y que el Congreso de los Diputados aprobaba en mayo de 2013 una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a promover junto a las Comunidades Autónomas medidas que garanticen la accesibilidad del servicio de emergencias 112 a las personas sordas, con discapacidad auditiva y dificultades del habla, incluyendo también el uso de las tecnologías y los móviles.

 

Finallmente ha invocado la propia la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece en su artículo 3, a) la “inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad” como principios rectores del sistema de protección civil, al que habrán de ajustarse todas sus actuaciones. 

 

Por todo ello, y ante un corpus jurídico  amplio que obliga, no caben excusas para no hacer efectiva la accesibilidad del 112.

 

En este sentido, el CERMI reclama poner un plazo a estas medidas que comprometen la vida de ciudadanos y ciudadanas y que no garantizan el principio de igualdad recogido en la Constitución española.