Así lo ha puesto de relieve Philip Alston durante un encuentro con la (PTS), celebrado en el marco de la visita que está realizando este experto a España, con el fin de analizar la situación en el Estado de las personas en riesgo de exclusión y las políticas que se llevan a cabo para luchar contra este problema.

 

El delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha participado en esta reunión, junto a organizaciones de la discapacidad como Cocemfe, CNSE, ONCE y Plena Inclusión.

 

En su intervención, Martín Blanco ha resaltado que el 16% de las personas con discapacidad se encuentran en una situación de exclusión severa, tasa que casi duplica a la de las personas sin discapacidad, al tiempo que ha avisado de que “la salud se revela como la dimensión de la exclusión con un mayor impacto en las personas con discapacidad en comparación con el resto de la población”.

 

Como ejemplo, ha denunciado que Casi cuatro de cada diez personas con discapacidad están excluidas de los servicios de salud y que el 17% de las personas con discapacidad no pueden comprar medicamentos.

 

En este sentido, ha criticado los “copagos elevados” en el terreno de los servicios de autonomía personal y atención a la dependencia, así como las dificultades de muchas personas con movilidad reducida para entrar y salir libremente de su casa, debido a las barreras arquitectónicas existentes que en ocasione se niegan a eliminar las comunidades de vecinos.

 

Martín Blanco también ha advertido de la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, resaltando que el 15% de los hogares de personas con discapacidad están formados por personas sin empleo y sin protección social; ocho puntos más que en el resto de la población. Además, el salario promedio de una persona con discapacidad es un 17% más bajo que el resto de la población.

 

Asimismo, ha lamentado la mayor exclusión que sufren las mujeres con discapacidad en comparación con los hombres con discapacidad y las mujeres sin discapacidad, puesto que sufren salarios más bajos, empleos más precarios y una menor tasa de actividad.

 

Para acabar con esta situación, el delegado del CERMI ha explicado que se debe avanzar en materia de accesibilidad universal en todos los entornos, servicios y productos de interés, un mandato legal que incumple España desde diciembre de 2017.

 

También ha pedido eliminar todos los copagos “confiscatorios”; reforzar los recursos existentes para familias con miembros con discapacidad; garantizar el derecho humano a la vivienda, y avanzar hacia un modelo de apoyos para la vida en comunidad, ofreciendo alternativas a los recursos de institucionalización.