El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ofrece a cada país la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en su seno y para cumplir con sus obligaciones en este sentido.

 

De las 21 propuestas del CERMI en este terreno, España aceptó 12. Además, el CERMI mostró su satisfacción con el "gran número de apreciaciones y recomendaciones realizadas durante el EPU en relación con los derechos humanos de las personas con discapacidad", un total de 25. En su opinión, se trata de un resultado "más que positivo", que "da cuenta de la preocupación y el interés en Naciones Unidas por los derechos de las personas con discapacidad y del papel determinante del CERMI en los órganos de la ONU".

 

Entre las medidas propuestas por el CERMI que España aceptó, figuran la lucha contra la discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad, sobre todo las que tienen discapacidad intelectual o del desarrollo; la promoción de la atención temprana; y el fin de la institucionalización de los niños con discapacidad. Otras ideas apuntadas han sido la adopción de todas las medidas legislativas y presupuestarias necesarias para garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos y en todo el país (ajustando la legislación sobre discapacidad a la Convención de la ONU), así como la prohibición de los internamientos forzosos por razón de discapacidad, así como asegurar que las intervenciones en salud mental respetan los derechos humanos.

 

 

Asimismo, España se mostró partidaria de garantizar la accesibilidad de procedimientos y recursos para las personas migrantes o solicitantes de asilo con discapacidad; reconocer el derecho a la asistencia personal en la legislación; promover la educación inclusiva; eliminar las contenciones forzosas por motivo de discapacidad; asegurar la accesibilidad de los servicios sanitarios, en especial de los de salud sexual y reproductiva; modificar la legislación para promover el empleo de este colectivo, con los ajustes razonables que sean precisos; introducir la perspectiva de la discapacidad en la estrategia nacional para la reducción de la pobreza;, y aplicar los derechos de las personas con discapacidad a las políticas de cooperación.

 

Por otro lado, el Consejo de derechos Humanos realizó otras recomendaciones a España sobre los derechos de las personas con discapacidad, más allá de las peticiones del CERMI.

 

Entre estas últimas, destacan la puesta en marcha de campañas de sensibilización y en los medios de comunicación destinadas a combatir eficazmente los estereotipos negativos sobre la población gitana, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo; mayores esfuerzos para garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas pertenecientes a grupos vulnerables -incluidos los migrantes, las minorías étnicas y las personas con discapacidad-; el aseguramiento de su pleno disfrute de los derechos económicos y sociales en ámbitos como la educación, el empleo, la vivienda y la atención de la salud, y la elaboración y aplicación de políticas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos con una perspectiva de género y de discapacidad.

 

El examen de España se llevó a cabo en la cuarta sesión del grupo de trabajo, el 22 de enero de 2020, y el 24 de enero se aprobó el informe final. La delegación de España estuvo encabezada por el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Valenzuela Marzo.