"El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidades que no encajan en las escuelas generales se convierte en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes", dijo Theresia Degener, Presidenta del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

 

Los expertos expresaron sus hallazgos en un informe emitido luego de una investigación confidencial de 2017. En enero y febrero de ese año, Coomaravel Pyaneandee, Vicepresidente del Comité y Carlos Parra Dussan, miembro del Comité, viajaron a Madrid, León, Valladolid, Barcelona, ​​Sevilla y Málaga donde se reunieron con más de 165 personas. Estas incluyeron a funcionarios del Gobierno central y de las 17 Comunidades Autónomas (gobiernos regionales), así como representantes de organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, jueces y abogados.

 

Su investigación fue en respuesta a informes recibidos de una organización representativa de personas con discapacidad (en 2014) y de una de las entidades del mecanismo nacional independiente de seguimiento (el CERMI), alegando que, a pesar de las reformas legales a la educación a nivel nacional, las leyes y políticas educativas de España perpetuaban el modelo médico de la discapacidad.

 

Los expertos descubrieron que España ha contribuido a un sistema discriminatorio que, de hecho, utiliza disposiciones legales vigentes para mantener dos sistemas educativos y desviar a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación general. Además, descubrieron que la falta de salvaguardias para los mecanismos de monitoreo independientes significa que una vez que un estudiante abandona el sistema educativo general, él o ella permanecerá fuera.

 

"Dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva basado en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades. El sistema debe consistir en una modalidad para todos los estudiantes y debe basarse en la calidad de la educación, proporcionando a cada alumno el apoyo que él o ella requiera", dijo Parra.

 

El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad trabaja para asegurar que los países que han ratificado la Convención, como España, cumplan con sus compromisos en materia de derechos humanos. Esto incluye el compromiso de garantizar que "las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema de educación general por discapacidad, y que los niños con discapacidad no queden excluidos de la educación primaria gratuita o obligatoria, o de la educación secundaria, por discapacidad. "

 

Entre otras recomendaciones, el Comité instó a España a establecer un plan de acción nacional elaborado en consulta con las organizaciones representativas de personas con discapacidad.