"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
España firmará la Carta Social Europea pese a sus reclamaciones colectivas y protección del despido
01/02/2019
Los sucesivos gobiernos de la última década España han sido siempre reacios a la ratificación de las dos modificaciones producidas en la Carta. El sometimiento de nuestro ordenamiento a un sistema de control supranacional conllevaría automáticas y sucesivas sanciones y condenas de las políticas neoliberales llevadas a cabo en los últimos años. Por su parte, la ampliación de los derechos sociales operada con la revisión de 1996 chocaría frontalmente con la reducción de los mismos que, desde entonces, se ha venido produciendo a nivel estatal, según explicó Gabriel Moreno González en eldiario.es.
En 1995 se aprobó en el seno del Consejo de Europa un protocolo adicional a la Carta por el que se reformaba el sistema de reclamaciones colectivas que determinados sujetos legitimados podían presentar en casos de violación de los derechos sociales. Organizaciones de trabajadores (nacionales e internacionales) y otras organizaciones no gubernamentales pueden, de acuerdo a este nuevo protocolo, denunciar a los Estados por incumplimiento de la Carta Social ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que, tras examinar las reclamaciones, podría llegar a condenar al Estado acusado.
Por su parte, en 1996, se aprobó una revisión de la Carta para actualizarla y adaptar su contenido a los nuevos tiempos, ampliando considerablemente el catálogo inicial de derechos sociales que se reconocían, y de manera destacada, los relativos a la protección de los trabajadores en caso de despido.
Como el Comité Europeo de Derechos Sociales realiza una función de control, a pesar de que los trabajadores españoles no puedan reclamar ante él, España en la jurisprudencia del Comité ha sido condenada sistemáticamente por vulnerar las disposiciones más básicas de la Carta.
Últimas reclamaciones de firmas por las ONGs
Cáritas Española, el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, la Plataforma del Tercer Sector y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN España) se dirigieron este verano de manera conjunta a la nueva vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para exhortar al Gobierno a la ratificación por parte de España de la Carta Social Europea Revisada de 1996 y su protocolo adicional de reclamaciones colectivas, para avanzar en la erradicación de la pobreza.
Previamente, el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres reclamaron al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez la ratificación urgente por el Estado español de la Carta Social Europea Revisada como refuerzo a la garantía y efectividad en nuestro país de los derechos sociales reconocidos en ese tratado internacional. “Esta ausencia de ratificación del principal instrumento de derechos sociales vigente en Europa constituye una anomalía reprochable, por lo que el movimiento social de la discapacidad junto con todo el tercer sector de acción social exigen al Gobierno y al Parlamento la pronta incorporación de la Carta Social revisada al ordenamiento jurídico español”, declaró.
Segun Gabriel Moreno González, “el olvido de los medios de comunicación y de la opinión pública en general sobre nuestra vergonzosa posición en el ranking de los países incumplidores, se ve reforzado por el no menos doloso olvido de nuestros tribunales. La Constitución, recordemos, con base a la previsión del artículo 10.2, obliga a los poderes públicos y a los órganos jurisdiccionales a interpretar los derechos fundamentales de acuerdo con los tratados sobre tales materias firmados por España. Pues bien, el silencio que guarda el Tribunal Constitucional es pavoroso: nunca menta, siquiera, las resoluciones de condena a nuestro país cuando analiza las decenas de recursos de inconstitucionalidad por vulneración de los derechos sociales que se presentan en su sede”.
(Información publicada por Ibercampus)
