Así lo declaró a Servimedia el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones, vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y presidente de la Delegación española ante la Asamblea. En el encuentro intervinieron el presidente del Grupo Social Once, Miguel Carballeda; el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez; la presidenta del Senado, María pilar Llop; el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Rik Daems; el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Raúl Canosa, y los presidentes de las comisiones de políticas de discapacidad del Congreso y del Senado, Joan Ruiz y María Teresa Fernández, respectivamente.

 

Según Gutiérrez Limones, la experiencia de organizaciones "como la ONCE y el CERMI debe ser tenida en cuenta" en el reparto de los fondos para la reconstrucción. 

 

En esta línea, Carballeda consideró "fundamental" que “los fondos europeos "tengan una parte pensada para las personas con discapacidad”, pues “sería injusto que no fuera así”. Lamentó que “las personas con discapacidad nos hemos visto abandonadas, en el último lugar de la cola, y hemos sentido que nadie pensaba en nosotros en los momentos más difíciles”. 

 

Por eso, Gutiérrez subrayó que esta organización, así como el resto del sector, "debe ser escuchada" a la hora de planificar políticas de acción positiva para este colectivo. "Cuando uno es el principal motor de empleo de personas con discapacidad en el mundo, como es el Grupo Social ONCE, merece esta oportunidad", indicó Carballeda.

 

De hecho, Gutiérrez Limones abogó por que las buenas prácticas que ya funcionan, como el empleo protegido y la bonificación de la contratación, se extiendan a todos los países. Esta será una de las conclusiones que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recogerá en su informe sobre la pérdida de derechos por parte de los colectivos más vulnerables a causa de la pandemia. Los trabajos, que se realizan en colaboración con los parlamentos nacionales, serán después enviados a las instituciones europeas y a los Estados miembro.

 

Otro de los aspectos a abordar tiene que ver con la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en el acceso a la salud, a la protección de la vida y en el acceso a servicios sociales, apuntó Gutiérrez. Agregó que el Consejo de Europa también estudia la situación de las residencias, aspecto que hoy trató en su intervención el presidente del CERMI.

 

Para Luis Cayo Pérez Bueno, la permanencia en instituciones "masificadas" de personas mayores y con discapacidad aumentó la letalidad del coronavirus entre el colectivo. "Deberíamos salir de esta crisis con otro modelo residencial y con un refuerzo de todos los servicios públicos, y acabar con los años de privatizaciones que llevamos a la espalda", concluyó Gutiérrez Limones.