Esta ha sido una de las cuestiones que se han abordado durante la reunión que ha mantenido el Comité de Apoyo del CERMI para la Convención, que está formado por organizaciones de derechos humanos y de la discapacidad, así como representantes del ámbito político, institucional, académico y agentes sociales, entre otros.

 

Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que se agilicen los trámites para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para otorgar el derecho al voto a todas las personas con discapacidad. Además, se ha hecho hincapié en la urgencia de modificar el Código Civil, con el fin de pasar de un modelo de supresión de la capacidad jurídica, a otro basado en apoyos para la toma de decisiones, tal y como exige la Convención Internacional de la Discapacidad.

 

Por otra parte, se han analizado las recomendaciones realizadas a España por parte del Comité de Derechos del Niño de la ONU y del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que apremiaban al Estado a revertir los ajustes presupuestarios en políticas sociales, a establecer un único modelo de educación inclusiva y a avanzar en la eliminación de las barreras arquitectónicas de las viviendas.

 

En este sentido, se ha puesto también el foco en la reciente condena de la ONU a España por vulnerar el artículo 24 de la Convención de la Discapacidad, que establece la obligación de garantizar un único sistema de educación inclusiva.

 

Precisamente, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, tras examinar in situ el caso de España, que fue sometida a investigación confidencial en 2017, establece que nuestro país viola la Convención Internacional de la Discapacidad al no asegurar ni en su legislación, ni en sus políticas, ni en sus prácticas educativas el derecho a la inclusión educativa del alumnado con discapacidad, manteniendo estructuras y dispositivos discriminatorios y segregadores, incompatibles con el tratado internacional, firmado y ratificado por España, y que es ley superior a las normas internas nacionales.

 

Dicho Comité volverá a someter a examen al Estado español en 2019, por lo que el Comité de Apoyo del CERMI Estatal para la Convención de la ONU reclama que se adopten las medidas necesarias para que se cumplan las recomendaciones realizadas por Naciones Unidas en su examen anterior.

 

Por último, se ha presentado el informe del CERMI que analiza la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en 2017 y se ha apoyado la propuesta de la Fundación CERMI Mujeres de realizar un informe similar específico sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad.