"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Crónica
XIII Conversatorio Fundación CERMI Mujeres
Formar, informar y acompañar contra la violencia
¿Qué falta por hacer para garantizar la protección, detección y atención de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia?
25/11/2021
Blanca Abella
Hacen falta en primer lugar datos reales sobre la violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, así las acciones necesarias serán más acertadas; también es primordial el empoderamiento de esas mujeres, su formación, así como la de los profesionales que las atiendan; el acceso universal, la asistencia personal, o el acompañamiento de profesionales en todo el proceso de denuncia, son cuestiones prioritarias... Y todo ello con un decidido impulso desde el Pacto de Estado contra la Violencia y con un trabajo en red que implique a las propias mujeres y niñas, las administraciones y las familias, entre otros actores.
Enfatiza su discurso sin embargo en la importancia de obtener datos desagregados de víctimas de violencia que contemplen la variable discapacidad, pero también, de “contar con información cualitativa, historias de vida, experiencias de esas mujeres con discapacidad, su voz, y modelos de aquellas que han superado situaciones de violencia, referentes en positivo”.
La necesidad de información se comenta en cada una de las intervenciones de este conversatorio que organiza la Fundacion CERMI Mujeres en colaboración con la agencia de noticias Servimedia, y que modera José Manuel González Huesa, director de la misma. Sin embargo, esta propuesta no queda en un simple comentario, se plantea como un imperativo, pues sin un conocimiento más exacto de la realidad, las medidas y herramientas que se apliquen pueden resultar fallidas.
En la siguiente intervención, Pilar Díaz, de Cocemfe Cataluña, y ex secretaria de estado de Servicios Sociales, plantea la necesidad de que “la variante discapacidad se ofrezca como asignatura en todas las carreras sociales, como eje transversal obligatorio, que ninguna persona de este sector pueda graduarse sin formación completa en el ámbito de la discapacidad”. Explica esta experta que, sin la participación de profesionales bien formados, será más difícil detectar algunos tipos de violencia, pues en el caso de mujeres y niñas con discapacidad es un problema que se sufre en la pareja, pero también en la propia familia y a nivel institucional.
La violencia no es solo física, también es sexual, emocional, económica, psicológica, obstétrica, cultural… “y esta realidad no se conoce y tenemos que decirlo y formar a nuestros profesionales, que van a recibir a esas mujeres y niñas con discapacidad, ayudándolas a empoderarlas y acompañándolas a hacer un proyecto de vida libre de violencia”, insiste Pilar Díaz. Pero también hay que entrar en los hogares, según explica, “empoderar a esas niñas que luego serán jóvenes y luego mujeres, porque tienen derechos y la familia tiene que ser valiente y permitir esa elección, aquí se cruza la sobreproteccción con el derecho de esas niñas, que pueden elegir su proyecto de vida”.
Por su parte Mónica Álvarez, de Cemudis, afirma que "la formación en materia de género y discapacidad debe ser transversal a todos los profesionales de este ámbito, y no solo para los nuevos profesionales, también es necesario un reciclaje continuo que les permita prepararse en la atención a estas mujeres con discapacidad, sobre todo en el ámbito de violencia; sin profesionales formados, es difícil detectar una realidad que hasta ahora estaba invisibilizada".
Además, desde su experiencia, afirma que “necesitamos hacer un trabajo directo con las mujeres y niñas con discapacidad, un trabajo que hacemos normalmente ahora las organizaciones, porque tenemos ese contacto directo con ellas y conocemos esa realidad”, y pone un ejemplo muy claro: “Si no trabajamos una educación sexual, es posible que no sepan reconocer un abuso sexual, y así se perpetúa la situación de violencia”. Sin embargo, añade, “es imprescindible que el trabajo sea en red, tanto con las administraciones, como con la universidad, las familias, profesionales, y las propias mujeres y niñas con discapacidad”. Si no es así, afirma, “difícilmente podremos dotar de herramientas y recursos que empoderen a esas mujeres y puedan definir su proyecto vital”.
Datos reales
Explica también Díaz que, según la macroencuesta de 2019, “el 40% de las personas que han ejercido esa violencia contra las mujeres eran hombres, pero el 35 % eran mujeres”. Además, en el caso de las menores de 15 años, “la violencia sexual suele provenir de alguien de su entorno familiar, allegados, hermanos, tíos, primos... “. Según Ana Vales, por esa razón es necesario insistir en la educación, y debe ser siempre educación inclusiva, “debe incluir la prevención de la violencia hacia niñas con discapacidad”. Cuando se trata el tema de las niñas y adolescentes, Maite Blasco insiste en que “las expectativas sobre las niñas con discapacidad son muy bajas, no se espera que hagas una carrera, sino que seas cuidada, somos tratadas como objetos”. A su juicio, esa infantilización continua que soportan estas menores, “nos autoanula”.
De ahí también la importancia de empoderar a las niñas y mujeres, una cuestión a la que se alude de manera permanente en este conversatorio. Por una parte, es necesario el trabajo directo con ellas, pero por otra, con el resto de la sociedad, sobre todo con los profesionales que actúan en este ámbito, como es todo el sector jurídico, policial, de servicios sociales, etc. Y según Ana Vales, “hay profesionales que no son capaces de detectar casos de violencia o de hacer la escucha y las preguntas adecuadas”, además, “falta humanización en todos esos servicios”.
Acceso universal y asistencia personal
Y es que el acceso universal es una cuestión primordial, según Pilar Díaz, “hay que procurar que todos los servicios sean accesibles, empezando por las casas de acogida”, y relata el ejemplo que soportan en Barcelona, donde algunas mujeres tienen que ir a hoteles porque las casas no son accesibles.
Explica también Mónica Álvarez, que “es necesario hacer una auditoría de la accesibilidad para saber si estamos llegando a dar solución a todas las mujeres y niñas con discapacidad cuando hacen una denuncia, si esa denuncia se tramita de manera adecuada y sin vulnerar sus derechos y si esas mujeres son conscientes y comprenden todas las fases”. Para Ana Vales, “evidentemente la accesibilidad es una condición sine qua non, pero es casi ridículo tener que seguir reclamando esto”.
Y como un eje fundamental en ese acceso universal, surge la idea del asistente personal para mujeres con discapacidad víctimas de violencia, que queda recogido en el Pacto de Estado contra la Violencia, aunque aún no se ha desarrollado. Según Maite Blasco, “la asistencia personal empodera y previene la violencia, es imprescindible para toda persona dependiente, que no dependan de un familiar o cuidador, que es un potencial agresor, que dependa de un profesional preparado para ayudar al empoderamiento de esas personas”.
A juicio de Pilar Díaz, el Pacto de Estado está en pañales en muchas cuestiones, una de ellas, la necesidad de realizar “una buena campaña de difusión, concienciar a la ciudadanía de la violencia de género contra las mujeres con discapacidad, una violencia ejercida no solo en el ámbito de la pareja, mucho más amplia y en diferentes esferas, desde la parte más íntima, que es el hogar, hasta la más institucional, o en el trabajo, en cualquier ámbito”. Por su parte, Mónica Álvarez considera que “el pacto es una buena herramienta de trabajo y cuenta ya con muchas medidas cumplidas, pero también bastantes pendientes en el caso de las mujeres con discapacidad”. Ana Vales, por su parte, entiende que “el pacto necesita un margen de tiempo para ver su efectividad”, pero reclama a su vez “que los recursos no se pierdan en jornaditas y actividades en las que no se ve el fruto”.
