El webinario ha sido moderado por la vicepresidenta ejecutiva de CERMI Mujeres, Ana Peláez Narváez, quien ha dado inicio al encuentro haciendo una breve contextualización sobre el derecho a una vivienda digna, derecho reconocido en la Constitución Española y en el sistema jurídico internacional, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Según Peláez, pese a la vigencia de todas estas normas, muchas personas con discapacidad, mayoritariamente mujeres, no cuentan con una vivienda digna como consecuencia de un nivel de ingresos más bajos y menores oportunidades de acceso a créditos y a un trabajo formal.

 

“Las mujeres mayores con discapacidad se enfrentan en particular a numerosas dificultades para acceder a una vivienda adecuada, tienen más probabilidades de ser institucionalizadas y no tienen un acceso equitativo a programas de protección social y reducción de la pobreza”, ha denunciado la vicepresidenta ejecutiva de la FCM.

 

Como señalan las normas internacionales, “Una vivienda digna debe ser segura para sus habitantes; disponer de servicios, materiales, instalaciones e infraestructuras; ser asequible, habitable, accesible, y estar bien ubicada y adecuada al contexto cultural”. Ha recordado Peláez, quien ha exigido también la consideración de todas estas demandas en la actual tramitación del proyecto de ley de vivienda.

 

A continuación, mujeres con diferentes discapacidades han ofrecido testimonios en primera persona que han ido poniendo de manifiesto las múltiples dificultades a las que se están enfrentando día a día para salir de casa, para pagar un alquiler, para la concesión de una hipoteca, o para la búsqueda de una vivienda libre de barreras arquitectónicas. Así, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía (FAMDISA), María Jesús Pérez, ha afirmado que “el problema para las personas con discapacidad está en que las viviendas sean accesibles y asequibles”. En relación con la primera condición, Pérez ha subrayado la necesidad de garantizar que la Ley de Propiedad Horizontal incluya el principio de accesibilidad universal en los elementos comunes de los edificios, y que la Ley de Dependencia incluya una oferta amplia de servicios de apoyo compatibles para la vida en la comunidad, como la asistencia personal y la ayuda domiciliaria. En relación con el segundo requerimiento, la presidenta de FAMDISA ha enfatizado la precariedad económica que sufren las mujeres con discapacidad, quien no en pocas ocasiones se ven obligadas a renunciar a la vida laboral por no disponer de ofertas de trabajos con sueldos dignos para pagar el alquiler de una vivienda básica.

 

Desde Navarra, Beatriz Sesma ha denunciado que se encuentra en búsqueda activa de vivienda desde hace dos años y ha lamentado la situación inestable y trágica que está viviendo como inquilina de una habitación, de la que puede ser expulsada en cualquier momento, sin que los servicios sociales le ofrezcan una ayuda efectiva para salir adelante.

 

A continuación ha intervenido Alejandra López, mujer con discapacidad de Galicia, quien ha expuesto las barreras físicas a las que se enfrenta en el edificio en el que vive y las dificultades para llevar a cabo las obras de accesibilidad, tanto por la negativa de la comunidad de vecinos, como por la dificultad que tiene una mujer con una pensión mínima para acceder a un crédito bancario para afrontar el gasto de las obras, dado que la ayuda pública prevista en estos casos se valora y concede una vez realizadas. “Las ayudas a nivel estatal y autonómico deberían tener algún tipo de sistema que permitiese paliar el problema de acceso a la vivienda con el que se encuentran las personas con discapacidad por no tener solvencia económica”.

 

Por su parte, la activista por los derechos de las mujeres con parálisis cerebral de ASTRAPACE Murcia, Ángela Jorquera, ha expresado “la lucha independiente que tiene al vivir sola”. En su intervención ha mencionado las ayudas que existen en su Comunidad Autónoma y ha puesto en valor la fórmula del “patrimonio protegido” que permite contar con el apoyo económico de familiares para la adquisición de una vivienda para una persona con discapacidad con ventajas fiscales para los donantes. “La ley de dependencia es muy rígida porque no permite compatibilizar ayudas diferentes, como la de asistencia personal y la de ayuda a domicilio”, ha insistido.

 

Seguidamente ha intervenido Samia, mujer sorda migrante residente en Cataluña y madre de tres hijos, quien ha compartido las múltiples dificultades a las que se ha tenido que enfrentar para acceder a una vivienda para su familia, viéndose, incluso, obligada a ocupar una casa ante la falta de recursos suficientes para vivir. Además, ha denunciado que “las gestiones de la vivienda social son muy lentas en Barcelona”, además de que exige disponer de correo electrónico y acceso a internet, lo que en su caso es inviable, ya que sólo se comunica a través de la lengua catalana de signos.

 

Tras adquirir una lesión medular reciente, Mar Seisdedos, mujer ciega de Madrid ha reivindicado, desde un plano constructivo, una vivienda digna para toda la ciudadanía, en especial para las personas en situación de vulnerabilidad, y más concretamente, para personas con discapacidad y, además, mujeres. “Los derechos no solamente tienen que estar escritos, sino que también deben aplicarse en la práctica”, ha asegurado. En su intervención, Seisdedos ha compartido cómo su marido, que también tiene una discapacidad, debe tomarla en brazos todos los días para poder descender desde un segundo piso para salir de casa, poniendo en grave riesgo la integridad y seguridad de ambos. Además, ha denunciado que ha agotado todas las posibilidades que existen en la Comunidad de Madrid para acceder a una vivienda social accesible. 

 

El último testimonio ha venido de la mano de Milagros Fajardo, una mujer con discapacidad física venezolana residente en Cartagena. “Ninguno de los pisos en los que he vivido son del todo accesibles”, ha lamentado; “si no es el baño, son las puertas o los accesos”. Milagros ha explicado que ella, además de enfrentarse a las barreras arquitectónicas, también ha tenido que hacer frente a barreras sociales. Así, por ejemplo, tuvo que recurrir a un amigo para que le acompañara a las entrevistas para el alquiler de una vivienda, ya que, si iba sola, repetidamente no la aceptaban como inquilina. 

 

El webinario ha concluido con los comentarios de participantes, quienes se han sumado a la denuncia de que, hoy en día, la vivienda, más que un derecho, es un artículo de lujo al que muchas mujeres con discapacidad no pueden acceder, y han resaltado la necesidad de contar con una amplia oferta de viviendas públicas que dé respuesta a las necesidades que éstas presentan.