A sus 23 años, Gabriel Pérez Castellanos ya tiene su título de Derecho. Terminó la carrera el año pasado y está cursando un máster de Derecho Laboral para trabajar en empresas o en un despacho de abogados. También ha empezado a enviar currículums.  “El máster acaba con tres meses de prácticas y, depende de dónde me cojan, y si estoy contento, me plantearía mi futuro, si me presento a la oposición o seguir donde estuviera”, asegura este joven vallisoletano.

 

En realidad, su primera opción cuando terminó sus estudios era opositar para convertirse en juez, pero cuando fue a buscar un preparador, le aconsejaron que se informase de si una persona ciega como él puede desarrollar la carrera judicial, ya que en España actualmente no hay ningún magistrado con su discapacidad. Por eso decidió dirigir una consulta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que le aclarasen si una vez aprobada la oposición podría ejercer. 

 

“En agosto del año pasado me contestaron que el tema tenía que decidirlo el Ministerio de Justicia”, señala Gabriel. “En mi opinión, creo que fue una manera de pasar la pelota para que yo no supiera a quién dirigirme para pedir una respuesta y se quedara la cuestión ahí sin resolver, es lo único que puedo entender”, comenta.

 

Este año, en febrero, el joven volvió a contactar con el CGPJ y se enteró de que había un “informe desfavorable” al respecto –de cuya existencia no le habían dicho nada en agosto del año pasado– que estaba previsto debatir en el pleno de la institución del pasado mes de marzo. “Pero en ese pleno tampoco se decidió nada”, añade Gabriel, aunque después le llamó Juan Manuel Fernández, el vocal del CGPJ encargado de elaborar un informe sobre su solicitud, que también preside el Foro Justicia y Discapacidad. Según sus palabras, parecía que iban a resolver este asunto en el plazo más breve posible, que sería en un mes. “Me desconcierta bastante que un asunto llegue a un pleno y no se decida sobre él. Es una cosa que me parece extraña. Supongo que será porque es la primera vez y se trata de un tema minoritario. Espero que por lo menos respondan, que sí o que no, que es lo mínimo”, comentaba Gabriel antes de conocer el desenlace final.

 

 

Gabriel desconocía que su discapacidad podía suponer una barrera para dedicarse a la carrera judicial. “No sabía nada de que ser ciego pudiera representar un problema para esto en España. La verdad es que la regulación que hay actualmente tampoco cierra la puerta, es una cuestión de interpretación. Realmente, con la misma normativa que hay se podría acceder, pero sería mejor si se dijera claramente”, señala.

 

A este licenciado en Derecho, su ceguera no le planteó problemas para cursar sus estudios, “me pasaban documentos en Word con los temas a mi ordenador y los convertía en audio para escucharlos. Hacía lo mismo con las fotocopias, en este caso escaneándolas previamente. También cogía apuntes con el Pac Mate (un dispositivo para la toma de notas que utilizan las personas ciegas)”, explica.

 

En su opinión, con la tecnología, los avances en adaptabilidad para personas con discapacidad y la asistencia de profesionales de la Justicia como el secretario judicial, ser ciego no debería ser obstáculo para ser juez. “De hecho, en países como Brasil o Reino Unido personas invidentes lo son”, señala Gabriel en la plataforma online Change.org, a través de la que lanzó en septiembre del año pasado una petición dirigida al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que se aclarara si una persona ciega puede ser magistrado en España. Más de 110.000 personas firmaron esta petición.

 

 

El acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, adoptado por unanimidad, señala que Gabriel Pérez deberá desempeñar sus funciones en puestos compatibles o adaptados a sus capacidades. A este respecto, el joven vallisoletano indicó a Servimedia que entiende que se refiere a “apoyos técnicos razonables” en aspectos que sean necesarios, por lo que no deben suponer obstáculo alguno para el desempeño de las funciones de juez.

 

El informe que elaboró el vocal del CGPJ Juan Manuel Fernández apuntaba que no puede afirmarse que la vista sea un sentido imprescindible en las audiencias a testigos y partes, mientras que las leyes procesales conceden importancia a elementos aprehensibles a través del oído, como la evasión en las respuestas, los titubeos o las vacilaciones.

 

El informe admite que algunas fuentes de prueba sólo son apreciables a través de la vista –como el reconocimiento de un terreno a efectos de deslinde, por ejemplo–, pero estima que ello no es suficiente para denegar de forma tajante a los invidentes el acceso a la carrera judicial.

 

Por este motivo, de sacar adelante la oposición, este joven sería el primer juez ciego de España. Su historia es un ejemplo de superación. Aprobó Derecho sin repetir ningún curso y con una nota media de 7,9 y ahora su meta es ser juez. En cualquier caso, será en un futuro cuando decida si se preparara las pruebas de acceso a la judicatura, ya que en la actualidad cursa un máster que ahora es su prioridad. Lo importante, es que al menos Gabriel puede elegir si desea o no ser juez.